CNDDHH respalda informe anual 2007 de la Defensoría del Pueblo

Publicado el 12 septiembre 2008 por en Sin categoría

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En el 12º aniversario de la Defensoría del Pueblo

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) saluda a la Defensoría del Pueblo en su duodécimo aniversario, reconociendo su labor como entidad del estado que promueve y defiende los derechos fundamentales, y juega un rol fundamental en la plena vigencia de la institucionalidad democrática y el estado de derecho, y saluda igualmente la gestión que cumple como Defensora del Pueblo la doctora Beatriz Merino, quien lidera con acierto y compromiso el equipo humano que sustenta esta institución a nivel nacional.

Así mismo, la CNDDHH respalda el Informe Anual 2007 presentado por la Defensoría del Pueblo, que señala las preocupaciones principales en materia de derechos que asumimos también nosotros como tarea propia. Nos preocupa de manera especial lo señalado en materia de libertades públicas; derechos sociales, económicos y culturales; el nivel de conflictividad social; la aún débil protección de colectivos vulnerables, así como la falta de voluntad política para el avance de la agenda post Comisión de la Verdad y Reconciliación en varios sectores del gobierno.

El Informe Anual 2007 elaborado por la Defensoría del Pueblo muestra preocupación por el aumento de los hechos que afectan a la vida y la integridad de las personas por parte de las fuerzas del orden, y llama la atención sobre la falta de investigación a profundidad de los hechos denunciados y la falta de sanción a los responsables. La situación se agrava por la falta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el Estado peruano se comprometió a constituir al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura.

Siguen siendo frecuentes los casos de detenciones por motivos no previstos en la Constitución o porque no se aplican las previsiones del Código de Procedimientos Penales para la correcta identificación e individualización de los procesados, incurriendo en abusos por homonimia, nombres similares, datos incompletos de la persona procesada, etc. Por otro lado, hay un número significativo de personas indocumentadas, un millón de peruanos, debido a problemas en el registro de nacimientos y a limitaciones para la reinscripción en las zonas afectadas por la violencia. Entre los obstáculos menciona el informe la exigencia excesiva de requisitos para la inscripción, la lejanía del registro en las zonas rurales, etc.

En cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales, la Defensoría del Pueblo señala su preocupación por la falta de garantías para un efectivo acceso a la educación gratuita. En cuanto al derecho a la salud, menciona la importancia de asegurar un aumento de presupuesto para el sector y de brindar atención preferencial a la subvención del Seguro Integral de Salud. También señala la necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana para la provisión de servicios públicos,  garantizar la transparencia y dar legitimidad a las decisiones reguladoras. Se subraya la necesidad de tener una política ambiental nacional; en tal sentido, se saluda la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

Acerca de la problemática de la discriminación y violencia contra la mujer, el informe señala gran preocupación por la supresión del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que existía en el seno del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. El programa fue absorbido por la Dirección General de Protección Social, pero aún no está en funcionamiento. Adicionalmente se señalan serias deficiencias en la atención a las víctimas de violación sexual por la aplicación deficiente del protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, y la falta de medidas de protección a favor de las víctimas de violencia sexual y castigo corporal en agravio de menores. Asimismo se señala la ausencia de mecanismos que respeten la intimidad del agredido y lo protejan de nuevas agresiones. Se debe reforzar el compromiso del estado a todo nivel, particularmente a nivel del gobierno local, y la elaboración de planes regionales de protección de la mujer y el menor.

En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos hay deficiencias con respecto a la implementación de normas, protocolos y disposiciones sobre planificación familiar, ginecología y obstetricia, desabastecimiento de anticonceptivos, desconocimiento de normas específicas, cobros indebidos, etc. El Informe de la Defensoría del Pueblo señala que está pendiente la aprobación de protocolos oficiales para el aborto terapéutico, reconocido por ley a las mujeres que afrontan un embarazo que pone en riesgo su vida o amenaza su salud.

En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, se ha establecido un sistema de defensa de sus derechos por la propia Defensoría del Pueblo, instrumento que permitirá medir avances concretos al respecto. Actualmente la Defensoría elabora, además, un informe sobre salud intercultural.

El Informe comparte su preocupación por los niveles de conflictividad social, señalando la dificultad y resistencia a dialogar de los actores en conflicto, especialmente el estado y las empresas explotadoras de recursos naturales. La Defensoría juega un rol importante en este ámbito, gracias a su monitoreo de conflictos socio ambientales. En este sentido, se hace importante continuar impulsando los procesos de presupuesto participativo y audiencias de rendición de cuentas, que permite el ejercicio activo de la ciudadanía y la vigilancia social.

En cuanto a los establecimientos penitenciarios, hay una grave preocupación por la situación de la población penitenciaria, que sobrepasa en 100% la capacidad del sistema, conllevando problemas de hacinamiento, alimentación, salud, etc. Esto requiere la aplicación del plan nacional de descarga procesal, en el que ya ha habido avances, y acelerar los casos de juzgados contencioso administrativos.

En cuanto al seguimiento a las recomendaciones de la CVR, se encontramos demoras excesivas en las investigaciones fiscales y judiciales. Cinco años después de presentados por la CVR ante el Ministerio Público, el 44% de los 59 casos siguen en investigación preliminar. Lo mismo sucede con los casos incluidos en el comunicado de prensa conjunto de la CIDH: 7 años después, el 57% sigue en investigación preliminar.

Además se presentan problemas en el diseño del subsistema especializado en el juzgamiento de casos de violaciones de derechos humanos, acerca de los criterios para establecer competencias, la revisión por la sala penal y la concentración de casos en Lima. En el caso de las reparaciones, se reconocen avances en la ejecución de reparaciones colectivas, estando pendientes las reparaciones individuales en salud, educación, acceso a vivienda, restitución de derechos y reparaciones económicas.