El recuerdo aún duele en Perú

Publicado el 03 septiembre 2008 por en General

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Cinco años después de su presentación, el informe de la Comisión de la Verdad sobre la guerra interna sigue levantando ampollas

 

Diario El País (Madrid, España)

Jaime Cordero – Lima – 29/08/2008

 

La guerra terminó en Perú hace ocho años, pero el número de víctimas ha seguido creciendo todo este tiempo. En la alejada comunidad de Putis, en la región de Ayacucho, donde estalló la violencia de Sendero Luminoso, se encontraron, el pasado mes de mayo, los restos de más de un centenar de campesinos ejecutados por los militares en diciembre de 1984.

 

El relato de lo sucedido en Putis, recogido en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que ayer cumplió cinco años, es estremecedor. Los militares convocaron a los campesinos, que habían abandonado los pueblos para vivir en las partes altas de las montañas, para que cavaran su propia fosa común. “Ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que cavase una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras que a otros les aseguraron que allí construirían casas. (…)Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los militares reunieron al centenar de pobladores, entre los que había hombres, mujeres y niños, alrededor de la poza, y sin mayor explicación les dispararon a matar”, indica el documento.

 

Ayer se cumplieron cinco años de la presentación de este informe repleto de terribles escenas de violencia perpetradas por terroristas y fuerzas de seguridad. El tiempo transcurrido, sin embargo, no ha conseguido que se deje de discutir este documento de más de 8.000 páginas que cubre casi 20 años de guerra interna. Un amplio sector de las fuerzas armadas considera que no refleja con justicia su actuación en el conflicto e incluso sugiere que toma partido por los terroristas, al juntar con los atentados, asesinatos colectivos y masacres de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, las ejecuciones extrajudiciales y otras acciones que tienen a las fuerzas de seguridad como victimas. “¿Quiénes pedirán perdón por los 1.200 fallecidos, por más de 1.400 discapacitados que tiene el Ejército”, reclamó esta semana el comandante general del Ejército, Edwin Donayre.

 

Incluso el primer vicepresidente Luis Giampietri, un almirante retirado, se sumó a la crítica y dijo que el informe “no ha aportado nada a la pacificación; al contrario, ha polarizado posiciones”. Giampietri añadió que “se han presentado cosas que no son ciertas, y esas versiones han sido mal utilizadas por algunos sectores, sobre todo algunas ONG, para llevar a juicio a miembros de las fuerzas armadas”.

 

Quienes defienden el informe aseguran, sin embargo, que los militares no se han tomado el trabajo de leerlo con detenimiento: “En ningún momento se ataca al Ejército como institución, aunque sí se mencionan casos de violaciones de los derechos humanos en los que están involucrados miembros de la fuerza armada”, señala Ronald Gamarra, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

 

Las críticas, que se repiten cada año por esta fecha, han encontrado respuesta en los ex comisionados: “Si hubieran leído, hubieran constatado que el informe encuentra la responsabilidad directa de todo el horror en Sendero Luminoso”, comentó Enrique Bernales. Sin embargo, el informe sí apunta que las fuerzas armadas estuvieron envueltos “en ciertos lugares y momentos del conflicto; en prácticas generalizadas y sistemáticas de violaciones de los derechos humanos”.

 

“Los malos comportamientos de los militares existieron, tendrían que aceptarlo, tal y como ha sucedido en Argentina y Chile. Tendrían que ofrecer disculpas por no haber estado a la altura del uniforme”, señala Salomón Lerner Febres, quien fuera presidente de comisión. La sensación general es que el informe acercó al país a la verdad acerca de un conflicto terrible, pero la reconciliación aún está lejos.

 

“Hay miles de casos que esperan reparación”

 

Dentro de su drama, Gisella Ortiz puede sentirse una privilegiada. Todos los presuntos responsables —incluido el ex presidente peruano Alberto Fujimori— de la muerte de su hermano, uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta ejecutados en 1992, han sido llevados a juicio. La mayoría de damnificados de la violencia política no puede decir lo mismo, a pesar de que desde que se presentara, hace cinco años, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se han judicializado 40 casos y logrado algunas sentencias firmes. “Lamentablemente, nosotros, los deudos de la Cantura y Barrios Altos, somos un caso aislado. Hay cientos, miles de casos, que esperan reparación”, comenta Ortiz. Incluso ella misma aguarda a que el Estado le pague una indemnización.

 

En general, se ha avanzado poco en resarcir a los que fueron afectados por el conflicto. La CVR señala que fueron cerca de 70.000 las víctimas de la guerra interna, pero el registro único de víctimas, que cuenta con pocos recursos, ha logrado identificar apenas 10.670. El Gobierno ha dado prioridad a las reparaciones colectivas, pero hasta el momento, según Ronald Gamarra, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “sólo ha logrado identificar un número mediano de comunidades afectadas; de ellas, sólo ha beneficiado al 2%”. Las indemnizaciones han sido, económicamente, escasas. El Gobierno ha dado otras compensaciones, como seguros de salud y servicios educativos, pero que también se consideran insuficientes. Para muchos, el Ejecutivo tiene una actitud “tibia y no comprometida con las víctimas”.

 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/recuerdo/duele/Peru/elpepuint/20080829elpepuint_2/Tes