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Denuncian sin pruebas a dirigentes amazónicos por convocar a una  protesta social

Sin existir pruebas que acrediten su responsabilidad, ocho dirigentes de organizaciones sociales del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, Junín, entre ellos, el Presidente del Frente de Defensa de Agrarios, Campesinos y Nativos de Pichanaki, el Alcalde de Pichanaki, y un regidor de la Municipalidad se encuentran con orden de captura por los hechos ocurridos durante la protesta social, realizada el 17 de marzo pasado, contra la ley de la selva.

Los dirigentes sociales vienen siendo procesados por el Juez Lucio Salva Ricaldi, del 1er Juzgado Penal de la provincia de Chanchamayo, La Merced. El auto apertorio reconoce que los denunciados no tuvieron responsabilidad en los hechos de violencia pero, de manera contradictoria, los responsabiliza por atentar contra el patrimonio, la seguridad y la tranquilidad pública.

APRODEH advierte que este viene a ser el sexto caso de dirigentes sociales judicializados por ejercer su derecho constitucional a la protesta. En los últimos meses, en la Amazonía han ocurrido situaciones similares en Andoas y Puerto Maldonado. Tanto en este caso, como en los anteriores, se ha abierto instrucción y ordenado la captura de las personas sin que se precise en la resolución cuál sería la conducta delictiva que ellos realizaron, más aún cuando la mayoría ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos.

Miguel Jugo, director ejecutivo de APRODEH, en conferencia de prensa afirmó que la denuncia es muy extraña pues durante el conflicto los dirigentes procesados señalaron su necesidad de dialogar y conversar con las autoridades y que, tal como señala el mismo juez, los hechos de violencia se produjeron por una noticia falsa que personas no identificadas difundieron. “Más bien los denunciados lograron controlar la violencia con la firma de un acta con el general de la PNP, Robert Villar Amiel. Lo extraño es que, meses después, los mismos dirigentes y autoridades que firmaron el acta son los denunciados y procesados”, sostuvo.

Jugo señaló además que si se prueba la responsabilidad de algún dirigente, la justicia tendrá que actuar. Sin embargo, en este caso APRODEH está convencido de que se trata de una injusticia. Asimismo, recalcó que APRODEH rechaza todo tipo de violencia, como el incendio de vehículos y  las agresiones contra policías, pero también entiende que hay una población que está reclamando el respeto a sus derechos fundamentales y que las autoridades, lejos de responder a sus demandas, esperan que se produzcan situaciones de protesta social para abrir el diálogo.

Los denunciados que cuentan con orden de captura son Zósimo Cárdenas Muje, Alcalde Distrital de Pichanaki; Fredy Palomino Ñahuero,  Presidente del Frente de Defensa de Agricultores, Campesinos, y Nativos de Pichanaki; Humberto Paredes Vargas, Coordinador Regional de la Selva Central del Bloque Amazónico; José Gonzáles Huamán, Felix Cirilo Huamán,  Simón Pillpe Puca, Albert Rafael Hilario, José Carranza Rojas dirigentes del Frente de Defensa; Francisco Solano Cantoral, Secretario del Frente Único de Defensa y Desarrollo de Chanchamayo, Jesús Oscar Irribarre trabajador del municipio y Raul Aliaga Sotomayor, regidor del municipio. 

APRODEH considera que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y que quienes convocan a una movilización social solo pueden ser considerados autores intelectuales de delitos si efectivamente ordenaron o promovieron que estos se realicen. Asimismo, señala que los dirigentes procesados a quienes se patrocinará legalmente no perturbarán el libre desempeño de la justicia.
“En momentos en que se viene discutiendo en el Congreso de la República la normatividad sobre las tierras de la Amazonía, el diálogo con las organizaciones sociales puede hacerse muy difícil, si estas sienten que sus protestas son criminalizadas”, puntualizó Jugo.

APRODEH – Área de Prensa