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El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, quiere liquidar y desaparecer al Instituto de Defensa Legal (IDL), porque simplemente le molesta, aseguró Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Fue al comentar la investigación integral que realizará la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a este Organismo No Gubernamental, anunciada por el presidente de la APCI, Carlos Pando Sánchez, en base a supuestos recursos no declarados ante la autoridad competente.

“Para decirlo directamente, yo lo que creo es que el vicepresidente (Luis Giampietri) lo que quiere es liquidar al IDL, le molesta el IDL, quiere desaparecer al Instituto de Defensa Legal, así de directo y claro. (…) Esto es el afán de Giampietri y otras personas que piensan como él, de liquidar al instituto”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

El letrado se mostró además sorprendido de que este tema haya nacido en la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Parlamento Nacional.

“Lo que me sorprende es que ese sea un tema que haya sido tratado en la Comisión de Defensa, no entiendo que problema de seguridad nacional importa el Instituto de Defensa Legal que es una organización lícita, inscrita en los Registros Públicos y cuya actuación todos conocemos. Es fiscalizada no sólo regularmente por la cooperación internacional, sino que en los últimos años ha sido fiscalizada, particular y especialmente por la APCI”, manifestó.

Fujimorista Patricia Vásquez ya está procesada
Por otra parte, el también abogado de la parte civil en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, reveló que la dirigente fujimorista Patricia Vásquez Bocanegra, quien lideró el ataque a los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), durante la conmemoración del quinto aniversario de la entrega de su Informe Final, es una persona reincidente que se encuentra procesada y con una acusación fiscal por haber irrumpido hace aproximadamente un año en las instalaciones del Poder Judicial.

En ese sentido, rechazó la agresión que sufrieron los ex miembros de la CVR y dejó entrever que próximamente presentarán una nueva denuncia contra Vásquez Bocanegra.

“Estamos averiguando para efectos de la denuncia correspondiente y hemos encontrado que esta señora Patricia Vásquez también irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia con ocasión de discutirse la extradición de Alberto Fujimori y está no sólo procesada, sino que tiene una acusación ya en la Fiscalía por haber provocado disturbios al interior del Palacio de Justicia. Esta conducta es reincidente y es avalada por el señor Carlos Raffo (que habla de su ‘barra brava’)”, refirió.

“Esto es incalificable e intolerable. Ya hay una denuncia penal contra los manifestantes que irrumpieron con violencia y nosotros vamos a acreditarnos como parte y haremos el seguimiento que corresponda. Estos no son de la Trinchera Norte, ni del Comando Sur, sino que están compartiendo el palco oficial con los directivos del fujimorismo”, añadió.

El Ministerio Público denunció recientemente a Patricia Vásquez por el delito contra la libertad de reunión, al dirigir los insultos en contra los ex comisionados.

Fujimori no debe ser evaluado por Aguinaga
Gamarra Herrera sostuvo, asimismo, que el procesado Alberto Fujimori deberá ser sometido a una evaluación médica especializada para determinar los detalles del tumor en el páncreas que padecería y añadió que en este examen no deberá de participar el congresista y médico de cabecera Alejandro Aguinaga.

“Debe ser sometido a los exámenes, pero no por su médico particular, sino por los doctores oficiales correspondientes y ellos serán los que determinarán las dolencias que padece. Estoy seguro que el tribunal, atenderá las razones de salud del ex presidente, pero tampoco dejará que se utilice cualquier dolencia para frustrar el proceso penal. Hay que compatibilizar el tema de la enfermedad que puede padecer Fujimori, con las necesidades de la justicia. Ni impunidad, ni persecución”, resaltó.

Casos como El Frontón llevan al gobierno a aliarse con sectores retardatarios
Opinó que casos como “El Frontón”, ocurrido en el primer gobierno aprista, llevan al presidente Alan García a optar por posiciones “duras” en el marco de los derechos humanos y a aliarse con sectores retardatarios como el fujimorista.

“Se ha aliado con sectores retardatarios que quieren la impunidad. Le pesa mucho la posibilidad de las investigaciones por el hecho de que en su primer gobierno, se dieron casos como ‘El Frontón’, que siempre está rondándolo. Eso lo empuja a posiciones duras y alianzas con el fujimorismo y sectores retardatarios, con un Ejército que no entiende que estamos en democracia y existen derechos fundamentales”, expresó.

Campaña contra los derechos humanos y la CVR
El secretario ejecutivo de la CNDDHH aseveró, finalmente, que este gobierno no posee una agenda pro derechos humanos y que esa es la razón de que un sector representativo del mismo, opte por una campaña contra la desactivada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

“Hay criticas mal intencionadas de personas que no han leído el informe o de personas que habiéndolo leído lanzan informaciones carentes de veracidad. No entiendo sobre que base razonable se puede sostener que es sesgado o que en el informe de la CVR se falte a la verdad. El informe final pone en su sitio la responsabilidad primera de las organizaciones terroristas en el inicio de la violencia política”, indicó.

“Dentro de la agenda de este gobierno no aparece una agenda de derechos humanos para la judicialización, atender las reparaciones o reformar las instituciones. En medio del clima de intolerancia ante críticas y la posibilidad de investigar los hechos ocurridos durante su primer gobierno, es que asistimos a esta campaña contra la CVR”, concluyó.