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(Editorial de El Comercio, del 5 de octubre de 2008)

Es preocupante que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales hayan aumentado a 177 y, de estos, 126 permanezcan activos. Esto quiere decir que algo no está funcionando, a pesar de las alertas, lo que obliga al Gobierno a reevaluar el tema para encontrar soluciones viables y efectivas.

Antes que nada, hay que descartar la eventual participación de grupos radicales e ideologizados interesados en promover la desestabilización del régimen democrático. Urge aquí una fina labor de inteligencia policial para detectarlos y denunciarlos ante las entidades fiscales y judiciales pertinentes, que deben sancionarlos con todo el peso de la ley.

El Gobierno ha sido elegido precisamente para garantizar el orden constitucional, el respeto a la ley y la paz social en el Estado de derecho. Le corresponde, así, defenderlo ante los embates de quienes desconocen su legitimidad y autoridad y, peor aun, usan métodos violentos para intentar destruirlo.

Fuera de ello, es evidente que hay una serie de conflictos que tienen cierta explicación y reclaman salidas legales y legítimas. Pero, como hemos señalado reiteradamente, la ‘política del bombero’ es muy nociva, por cuanto demanda la reacción de las más altas autoridades del Gobierno a última hora, cuando se ha llegado a un grave punto de confrontación con enormes daños a la paz social y la economía. El caso del canon que enfrenta a Moquegua y Tacna es revelador.

Según el reporte de la Defensoría, 83 casos (el 48% del total) están vinculados a la actividad minera y otros 27 nacen del descontento de la población con sus autoridades locales, sobre todo en regiones pobres o altoandinas.

En cuanto a lo primero, como ha señalado el presidente Alan García, hay que distinguir entre las buenas empresas mineras con políticas de responsabilidad social y ambiental; y las otras que hacen tabla rasa de la ley, que deben ser sancionadas. El Perú promueve la inversión sí, pero siempre que sea responsable y acorde con los objetivos de cuidado del ecosistema, el desarrollo de los pueblos y la inclusión social.

En lo que se refiere a desencuentros con autoridades, principalmente alcaldes, las causas son de diverso tipo. Primeramente, hay que modificar la ley, de modo que se eleve la valla para elegir a dichas autoridades e implantar la segunda vuelta, para evitar que algunos resulten elegidos con menos del 20%, lo que es algo absurdo que merma su legitimidad. Luego, debe promoverse la conciencia cívica en la población así como el mayor conocimiento de los usos y mecanismos democráticos. Hay que hacer entender a la población que así como tiene el derecho de elegir, las reglas de juego democráticas exigen también respetar el mandato y rechazan el uso de la violencia para patear el tablero a la primera ocasión.

En cualquier caso, hay dos cuestiones de fondo que deben quedar muy claras. Lo primero es que no se puede achacar la culpa de todos los problemas al Gobierno Central, como de modo facilista lo hacen algunos alcaldes y presidentes regionales, que tienen que asumir su responsabilidad primaria.

Luego, hay que rescatar y ponderar en toda su dimensión la utilidad de las mesas de diálogo en la resolución de problemas. Considerando la naturaleza de los problemas y mientras se consolida el Ministerio del Ambiente con sus mecanismos de arbitraje, tienen que institucionalizarse las mesas de diálogo para resolver problemas mineros o ambientales.

La defensoría cumple con alertar. Corresponde ahora a la PCM y su Unidad de Prevención de Conflictos convocar a los representantes de ministerios , entidades técnicas y la sociedad civil, para trabajar de modo coordinado y permanente en la evaluación de conflictos, así como en diseñar mecanismos para prevenirlos, mitigarlos y evitar su resurgimiento.

De lo que se trata, finalmente, es de defender el imperio del orden y de la ley, pero al mismo tiempo de institucionalizar los mecanismos de diálogo para resolver los problemas sociales antes de que exploten de modo violentista.