¿Indulto o justicia?

Publicado el 18 noviembre 2008 por en Sin categoría

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Por Carlos Rivera Paz

No dejan de sorprender las razones esgrimidas por los congresistas del oficialismo para justificar la presentación de los proyectos de amnistía e indulto en beneficio de los militares procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Primero dijeron que había una «persecución política» contra miles de efectivos militares y luego han sostenido que los procesos judiciales «demoran eternamente».

Un esclarecedor informe de la Sala Penal Nacional da cuenta de una realidad muy diferente a la que se ha pretendido presentar. Solo 399 efectivos de la PNP y las FF.AA. están en condición de procesados, los cuales en su inmensa mayoría están con comparecencia, es decir, libres. Dicha instancia judicial ha condenado a 29 (21 de la PNP, 7 de las FF.AA. y 1 civil). En cambio, han absuelto a 78. Las cifras, entonces, dan cuenta de que no existe una persecución contra los militares.

Ahora bien, ¿es verdad que los procesos se demoran una eternidad? En realidad en cualquier caso de violación a los derechos humanos estamos ante un delito complejo porque en los hechos intervienen diversas personas, y porque estamos ante casos producidos hace una o dos décadas. Pero esas no son las verdaderas causas del retraso de los procesos judiciales. Como lo ha dicho más de una autoridad del Poder Judicial, las principales causas son el hecho de que desde el Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto se niega la información sobre los militares sometidos a las investigaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial.

La otra causa de la demora es el desarrollo de estrategias legales obstruccionistas y dilatorias del proceso por parte de los abogados de los militares. A ello debemos sumar que tenemos un subsistema penal de derechos humanos que solo existe en Lima y Ayacucho, y por ello la mayoría de casos son remitidos a la Sala Penal Nacional con sede en Lima para que esta juzgue tales casos. Aun así existe un importante avance del proceso de judicialización de estos crímenes.

Los proyectos de amnistía e indulto, más allá que argumenten la existencia de supuestas situaciones de injusticia en contra de los militares procesados y que hasta la fecha no han presentado ningún caso concreto, lo que pretende es generar una situación de impunidad que a estas alturas de nuestra historia resulta inaceptable desde todo punto de vista.

Si el problema es la existencia de procesos judiciales lentos, consideramos oportuno el incremento de las instancias jurisdiccionales del subsistema de derechos humanos en Junín, Huánuco y Huancavelica. De igual manera se le debería dotar de recursos presupuestales para que dicho subsistema cumpla eficaz labor. Asimismo, el Ministerio de Defensa debe comprometerse a entregar al Ministerio Público y al Poder Judicial la información sobre el personal militar investigado o procesado. En una democracia solo la justicia debe ser la encargada de determinar las responsabilidades de quienes violaron los derechos humanos.