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Nota de prensa de APRODEH

Ante las propuestas parlamentarias para amnistiar e indultar a militares implicados crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la lucha antisubversiva, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), manifiesta lo siguiente:

– Los proyectos de amnistía e indulto presentados en el Congreso de la República constituyen una seria amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país y para la lucha contra la impunidad emprendida por el Estado peruano desde el gobierno de transición democrática.

– Llama la atención que estas propuestas sean presentadas justo cuando varios de los casos cometidos durante el primer gobierno de Alan García (como Accomarca, Cayara y otros casos atribuidos al Comando Rodrigo Franco) se encuentran próximos a iniciar juicio oral.

– Los efectivos procesados por violaciones a los derechos humanos son acusados por delitos específicos: homicidio calificado, tortura, detención ilegal, desaparición, ejecución, violación sexual, entre otras formas de violencia.

– Las  amnistías no proceden en caso de violación a los derechos humanos. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos. También lo ha dicho el Tribunal Constitucional en diversos  fallos. Las amnistías solo proceden para delitos políticos y no para delitos comunes, mucho menos para delitos de lesa humanidad. De aprobarse este proyecto, el Estado peruano estaría violando nuevamente el Tratado de San José de Costa Rica, y con ello, poniendo al país al margen de la normatividad internacional como durante la dictadura fujimorista.

– Sobre el caso Chavín de Huántar, recalcamos que no existe ningún miembro del comando Chavín de Huántar que esté siendo juzgado o investigado por dicho operativo. Las  únicas personas que están siendo juzgadas son: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra. Así lo señala la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en respuesta a la solicitud de información planteada por la Defensoría del Pueblo.

– En ningún caso se puede comparar la Comisión Ad Hoc instaurada en el gobierno de Fujimori para los casos de personas acusadas injustamente de terrorismo con los procesos que se llevan a cabo en la actualidad. En el primer caso, se trató de una medida excepcional, en el contexto de una dictadura, que no ofrecía las garantías de un debido proceso. En la actualidad, las personas llevadas a la justicia por su responsabilidad en casos concretos de violaciones a los derechos humanos, cuentan con todas las garantías y condiciones para una defensa que incluso es pagada por el propio Estado.

– De aprobarse el proyecto sobre los indultos, que deja en manos del Presidente de la República o del Congreso dicha potestad, la autoridad del Poder Judicial se vería menoscabada en tanto es la instancia máxima para la administración de justicia en nuestro país.

– De igual manera, de dictarse esta norma, también se estaría trasgrediendo el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia.

– Para quienes plantean el indulto, el retraso en los procesos judiciales viola el debido proceso. Sin embargo, dicho retraso es provocado por los propios institutos armados y por la política de impunidad que proviene desde el mismo Estado. A ello se suma los problemas recursos para que las autoridades judiciales actúen con la celeridad debida.

– Finalmente, el Ministerio de Defensa ha sido y es el principal obstáculo en las investigaciones de violaciones a derechos humanos y es el responsable político de las acciones de los miembros de las fuerzas armadas. Pese a ello, según una de las propuestas, ocuparía la secretaría técnica  de la pretendida comisión ad hoc.

APRODEH mantendrá una vigilancia sobre el tema, en coordinación con diversos organismos de derechos humanos y evaluará medidas y acciones internacionales para frenar cualquier pretensión que desde el gobierno pretenda consagrar la impunidad.