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La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, denuncia un nuevo intento de injerencia gubernamental en las ONG de Derechos Humanos, medio ambiente, e incluso en las organizaciones de cooperación internacional.

Efectivamente, el pasado 19 de noviembre el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de Ley refrendado por el presidente Alan García y por el premier Yehude Simon que establece modificaciones al Código Civil y a la Ley General de Sociedades.

Con esta pretendida modificatoria, se busca incluir nuevas causales para la disolución de las organizaciones, fundaciones, comités y sociedades. A las causales actualmente previstas en el Código Civil (actos contrarios al orden público o a las buenas costumbres), que son bastante vagas, se le añade atentar contra la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el principio internacional de no intromisión en asuntos internos.

Este proyecto se presenta justamente cuando existe en el Congreso de la República diversos pedidos de investigación contra las ONG que defienden derechos medioambientales, de la amazonía y de defensores de derechos humanos.

El proyecto de Ley señala expresamente lo siguiente: «Artículo 96º.- Disolución por atentar contra el orden público y otras causales. El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos. (…). En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas».

El Ejecutivo fundamenta su propuesta señalando que el concepto «atenten el orden público» pudiera resultar limitado o impreciso para definir algunas actividades de las personas jurídicas, por lo que deben incluirse las nuevas causales de seguridad del Estado, soberanía nacional y no intromisión en asuntos internos.

APRODEH considera que no hay justificación alguna para realizar este tipo de propuesta. El orden público nos remite a la normatividad interna vigente en el país, que lo organismos de derechos humanos, las entidades ambientalistas y la cooperación internacional respetan.

La introducción de nuevos conceptos como soberanía nacional y seguridad del estado es peligrosa, justamente por la vaguedad de dichos términos: el ordenamiento penal no recoge delitos asociados a estos criterios. Denunciar un caso de violación de derechos humanos en la política antisubversiva o un caso de corrupción en las Fuerzas Armadas podría ser interpretado como un atentado contra la seguridad nacional. En los últimos meses, inclusive oponerse al TLC, promover o respaldar un paro nacional, llevar a cabo una consulta en Majaz o las protestas de las víctimas del terremoto contra la demora en la ayuda han sido consideradas “traición a la patria” por determinados funcionarios del régimen.

El hecho de buscar el pronunciamiento de entidades internacionales sobre los distintos problemas que afecten al país, significaría atentar contra el principio internacional de no intromisión en asuntos internos. En realidad, estas medidas buscan evitar toda intervención de las ONG que pueda generar algún cuestionamiento.

APRODEH reitera que esta propuesta atenta contra la democracia y los principios de libertad de expresión y asociación que forman parte de su esencia, por lo que solicita al Congreso de la República archivar este Proyecto de Ley.