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La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación sobre presunta violación a los derechos humanos que hayan cometido militares durante la lucha contra el terrorismo, afirmó la titular de este organismo, Beatriz Merino.

Comentó, en ese sentido, el proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, que busca amnistiar a los más de cien miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la operación Chavín de Huantar, de rescate de rehenes.

“La Defensoría hace pública su posición de rechazo a cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación de violación a los derechos humanos porque es incompatible con la obligación del Estado de investigar esos casos y por el derecho a la verdad que tienen las víctimas”, declaró a la prensa.

Recordó que este es un criterio que ha sido reconocido tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional (TC).

De acuerdo a  información solicitada por la Defensoría, actualmente no hay ningún miembro del Comando Chavín de Huantar que esté siendo procesado en la Tercera Sala de la Corte Superior de Lima, encargada de enjuiciar a los acusados de violar los derechos humanos durante dicha operación.

“Ayer hemos recibido de la Corte Superior de Lima una confirmación que dice que las únicas personas procesadas por el caso Chavín de Huantar son Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza, Jesús Zamudio y Roberto Huamán Azcurra. Nadie más”, aseveró.

Lamentó que el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, haya sido sorprendido con información falsa que sobre el particular le habría alcanzado el procurador del Ministerio de Defensa.

“Creo que ese procurador tiene una gran explicación que darle a su ministro de Defensa y también al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso porque le ha dado una información falsa”, insistió Merino.

Sobre la propuesta para aplicar el indulto a militares injustamente sentenciados por casos de derechos humanos, dijo que la Defensoría aun no ha sido consultada sobre dicha norma, pero la analizarán.

“Hay que analizar también que cualquier medida que avale o impida la investigación de la defensa de los derechos humanos significaría un retroceso en esta materia y produciría una condena internacional por parte del Estado”, manifestó.

http://www.larepublica.com.pe/content/view/255655/676/