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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su rechazo tajante a cualquier forma de amnistía, indulto, derecho de gracia u otro mecanismo que impida la investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Asimismo invoca a la opinión pública a no dejarse sorprender por iniciativas que, amparadas en una supuesta preocupación por el personal de las fuerzas armadas y policiales que enfrentaron al terrorismo, buscan generar condiciones para la impunidad de personajes comprometidos con graves crímenes.

En este sentido, la CNDDHH afirma que:

No hay un solo militar procesado por haber participado en la lucha contrasubversiva. Ninguno de los procesados o sentenciados ante el Poder Judicial lo son por haber defendido al Estado o haber participado de acciones contrasubversivas. Lo son porque existen evidencias razonables de que han participado en graves crímenes, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas y violaciones sexuales. 

Los proyectos de amnistía e indulto presentados ante el Congreso representan un retroceso en materia de protección de derechos humanos. Desde el periodo del Gobierno de Transición y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nuestra sociedad ha emprendido un esfuerzo notable por luchar contra la impunidad, garantizar los derechos a la justicia y la reparación y avanzar hacia la reconciliación nacional. Los proyectos presentados, de aprobarse, constituirían un grave retroceso en este camino y echarían por tierra este esfuerzo en el que se ha empeñado también el Estado.

Son inadmisibles de acuerdo a la normativa nacional e internacional. Así lo han señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y el Tribunal Constitucional. De aprobarse los proyectos, el Estado peruano estaría violando nuevamente el Tratado de San José de Costa Rica, y con ello, poniendo al país al margen de la normatividad internacional.

Manipulan las reales demandas de los afectados y familiares de las fuerzas de seguridad. La CNDDHH expresa su profunda solidaridad y compromiso con los problemas de los soldados, policías y ronderos, así como con sus familiares, que enfrentaron la subversión poniendo sus vidas e integridad en riesgo. Por ello expresa su indignación por el modo en que se manipulan sus problemas y justas demandas. La agenda de estas organizaciones y personas no pasa por pedidos de indulto, sino porque el Estado cumpla con las reparaciones y beneficios que les corresponden por ley y que se han postergado injustamente.  

Tergiversan cifras con clara intención de desinformar a la población. Se ha señalado que existe una gran cantidad de procesos penales contra militares y policías héroes de la lucha contrasubversiva. Sin embargo esto no es cierto. Se ha demostrado que no hay comandos de Chavin de Huantar actualmente procesados. Las  únicas personas procesadas por este caso son Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio y Roberto Huamán Azcurra. Igualmente, el total de procesos penales abiertos por violación a los derechos humanos de acuerdo a la Sala penal Nacional no exceden los 3 centenares.

No es similar la situación con la Comisión Ad Hoc de indultos. No puede argumentarse hoy que se vulneran las debidas garantías procesales, como sí ocurrió de modo flagrante en los casos revisados por la Comisión Ad Hoc. Debe recordarse a su vez que esta proponía perdonar sentenciados y no cortar procesos o investigaciones. 

Van a contracorriente de la tendencia mundial de lucha contra la impunidad. Estos proyectos son excepcionales, pues se presentan cuando en la región y el mundo se han fortalecido los mecanismos de justicia internacional y las acciones ejemplares de la justicia interna en varios países, en procesos contra graves violadores de derechos humanos, como lo han mostrado los juicios a jerarcas militares seguidos en Chile, Argentina, España, y otros. 

Constituyen una violación del Estado de Derecho y la Democracia. Las leyes de amnistía cuestionan la vigencia del estado de derecho, rompen con el principio de igualdad ante la ley, quiebran el equilibrio de poderes al someter al Poder Judicial a otros poderes en materias de su estricta competencia, y acaban deslegitimando la institucionalidad democrática en su conjunto.

Terminará perjudicando a los supuestos favorecidos. La CIDH, en su momento, declarará la inaplicabilidad de estas leyes de ser aprobadas y en un par de años se tendrán que reabrirse los casos.

Ante esta situación la CNDDHH por el contrario llama a:

– No salir de los canales institucionales: fortalecerlos. Ante las limitaciones y probables errores que pueden generarse en el sistema de administración de justicia, la CNDDHH llama a no buscar salidas alternas que pueden generar espacios para que se filtren responsables de crímenes. Por el contrario, llama a las autoridades a fortalecer la institucionalidad democrática, dotar de recursos y capacidad al Poder Judicial y mejorar el acceso a la justicia de toda la población.

– Romper una larga tradición de impunidad. La CNDDHH llama a acudir a nuestra memoria. Tomar conciencia de que estos proyectos son la expresión renovada de una larga fila de mecanismos de impunidad que han sido empleados en los últimos 20 años. Debe recodarse que durante décadas operaron normas sobre estado de emergencia, legislación antiterrorista, delitos de función y fuero militar que obstaculizaron la labor de la justicia. Que posteriormente se dieron las leyes de amnistía. Y que actualmente los casos son escasos. Llevar a la justicia a malos elementos de las fuerzas de seguridad es un hecho excepcional. Lo que cabe exigir que esta tendencia de larga data, de obstruir la justicia termine.

Exhortamos en este sentido:

– A los miembros del Congreso, a defender el estado de derecho y la constitución y no dejar pasar estos proyectos.

– A la Defensoría del Pueblo, a vigilar el cumplimiento de la legalidad y, de presentarse el caso, acudir con un pedido de inconstitucionalidad respecto de estas leyes.

– A los Ministerios de Defensa e Interior, a colaborar con la justicia para acelerar los procesos, abrir sus archivos y facilitar el acceso a información en general.

– A la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a vigilar el cumplimiento de sus sentencias.

– Al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros, a rechazar propuestas que atentan contra la constitución y deslegitiman sus cargos. 

– Al Estado y las instituciones de la sociedad civil, a preocuparse por las auténticas demandas de los héroes de la lucha contrasubversiva, sus familiares y deudos, incluyendo a miembros de rondas y comités de autodefensa.   

Lima, 14 de noviembre de 2008

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos