Una tortura que no debe quedar impune

Publicado el 14 noviembre 2008 por en Sin categoría

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El 25 de febrero de este año, siendo aproximadamente las 12:30 de la madrugada, Luis Alberto Rojas Marin, joven homosexual de 26 años de edad, fue detenido de forma arbitraria por personal de Serenazgo de Ascope para luego ser trasladado a la Comisaría de Casagrande, en el mismo Ascope.

En el momento de su detención, Luis Alberto fue víctima de agravios y golpes por parte de los serenos y policías quienes en todo momento insultaron su opción sexual. Bajo las ofensas de “¡sube cabro conchadetumadre!” o “¡qué hace este maricón de mierda acá!”, Luis Alberto se vio obligado a ir en contra de su voluntad a la Comisaría de Casagrande.

Ya en la Comisaría, Luis Alberto sin ninguna explicación es encerrado en una habitación. Minutos después ingresaron los agentes policiales Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero quienes agredieron físicamente al “detenido” y lo despojaron de sus prendas dejándolo desnudo.

Uno de los agentes realizó tocamientos indebidos en el cuerpo desnudo de Luis Alberto y no satisfechos con el maltrato, el efectivo Dino Ponce Pardo le introdujo en dos ocasiones una vara en el recto, lo que le produjo un profundo sangrado. Luis Alberto permaneció desnudo hasta las 06:00 am, hora en que le entregaron sus pertenencias y le indicaron que se marchará sin brindarle ninguna explicación.

Desde ese momento, Luis Alberto Rojas Marin pelea una intensa batalla contra las autoridades judiciales, los efectivos policiales y la indiferencia de la sociedad por sancionar con el mayor rigor a los responsables de la tortura y violación de la que fue víctima. Una historia llena de irregularidades procesales y del silencio cómplice de los fiscales encargados de llevar su caso.

Irregularidades en el proceso: Para la Fiscalía no se trata de un caso de tortura

Aunque parezca increíble, el Ministerio Público considera en este caso, a través de la resolución del Fiscal Provincial, Reina Ruiz Guio, confirmado después por la Fiscal Superior, Ada Peñaranda Bolovich, que no existió el elemento subjetivo de torturar al agraviado. Añade que el hecho solo estaba dirigido a violar la libertad sexual de Luis Alberto Rojas Marin, a pesar de que resulta evidente por lo antes mencionado, que la vulneración de su libertad sexual constituyó un castigo y una ofensa a su dignidad.

Hay que añadir que la voluntad, el dolo a partir de la violación mediante el uso de una vara introducida por el recto, es sin duda, infligir sufrimientos o dolores graves, generar un daño, producir una lesión que, en este caso, ha sido física y emocional.

¿Por qué considerar a la violación como método de tortura?, al respecto, las Naciones Unidas ha determinado que “la violación produce un sufrimiento físico y mental en la víctima. Además de la violencia sufrida al momento que se perpetra, las víctimas habitualmente resultan lesionadas (…). El hecho de ser objeto de un abuso de esta naturaleza les ocasiona asimismo un trauma psicológico que resulta, por un lado, del hecho de ser humilladas (…)”

Examen Médico Legista Se llevó a cabo cuatro días después de haberse producido el hecho.  Esto se debió, en principio, a la insensibilidad frente al drama del joven agraviado de parte de la Fiscal a cargo en ese momento, quien por diversas razones demoró en cursar el oficio a Medicina Legal.  De acuerdo a la versión de Luis Alberto Rojas Marin, ésta se ausentó de su despacho y fue el Fiscal Adjunto quien, finalmente, cursó o remitió el oficio.  El certificado médico legal es muy claro en señalar las secuelas físicas que le dejó el crimen a Luis Alberto. 

Asimismo, habría el riesgo de descalificar el testimonio de Luis Alberto Rojas Marín sobre la base en la demora en la presentación de su denuncia ante las autoridades, así como el hecho que desde un principio no haya referido a sus amigos e incluso a las mismas autoridades que había sido víctima de tortura.

Al respecto es importante mencionar que la jurisprudencia internacional ha determinado que “tanto mujeres y hombres oculten el hecho de que han sido objetos de violación y/u otras formas de abuso sexual hasta que sea absolutamente necesario revelarlo.”

Es más, la demora en la presentación de la denuncia no obedece a causas que deban adjudicarse a la víctima; muy por el contrario, es responsabilidad del Estado y del Ministerio Público garantizar el pleno ejercicio del derecho al  acceso a la justicia.

Luis Alberto Rojas Marin sigue esperando que las autoridades sancionen con todo el peso de la ley a los policías que lo torturaron y violaron en la comisaría de Casagrande.

Haz click en el vídeo para ver el testimonio de Luis Alberto Rojas Marin.