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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se suma a la exigencia realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil exigiendo se tomen medidas concretas y urgentes para enfrentar el grave problema de la trata de personas en el país y que antes de fin de año entre en vigencia el reglamento de la Ley Nº 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas.

La trata de personas es un flagelo internacional que involucra mafias, rutas internacionales e inmensas cantidades de dinero. Es uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo. Se estima que por lo menos 2 millones personas son sometidas a lo que se ha venido a llamar una forma de esclavitud moderna.

El Perú no es ajeno a este problema. No se cuenta con cifras exactas pero estudios parciales y denuncias de la Policía Nacional evidencian una grave realidad. Se ha documentado la existencia de redes y diversas rutas de trata de personas. Debe remarcarse que la trata está íntimamente relacionada a modalidades como la explotación sexual de mujeres y menores, la pornografía infantil y la explotación laboral, ya sea en servicio doméstico, minas, fábricas, tala de madera, entre otras.

Pese a esta tupida de red de delitos que se conectan, y que tienen como principales víctimas a mujeres y menores, es un problema mayormente invisibilizado. Entre otras razones porque en nuestro país existen prácticas tradicionales de “enganche” laboral, especialmente hacia personas de zonas rurales o de la selva de escasos recursos económicos las que son engañadas, abandonan sus hogares por alguna oferta laboral, ya sea al interior o fuera del país, y caen en manos de explotadores.

En el Perú existen diversos mecanismos encaminados a enfrentar el problema. Desde el año 2004 existe el Grupo de Trabajo Multisectorial Contra la Trata de Personas, una ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas, promulgada en enero del 2007, una línea telefónica de información y asistencia contra la trata de personas, 0800-2-3232 como un mecanismo de denuncia, el sistema RETA de información y denuncia a cargo de la Policía Nacional, entre otras.

Sin embargo, hay un grave estancamiento respecto de medidas urgentes y necesarias.

– La Comisión multisectorial adolece de inestabilidad en sus representantes lo que genera la correspondiente demora en sus acciones.
– Existe desde el 2007 un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2007-2013, el que está en espera de ser aprobado por el Estado.
– No existe prevista una política de atención a las víctimas. El MIMDES se ha excluido de esta responsabilidad aduciendo falta de recursos.
– Pese a que la ley se promulgó en enero de 2007 y que se daba un plazo de 30 días para promulgar el reglamento, a la fecha han pasado 22 meses sin que esto ocurra.

Por ello invocamos

– Al Ministerio del Interior, como entidad responsable en el Ejecutivo, a actuar con la mayor celeridad respecto del reglamento.
– Al recientemente creado Grupo de trabajo contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, de la Comisión de Justicia  y Derechos Humanos del Congreso a interponer sus buenos oficios para cumplir esta meta.
– Al resto de integrantes de la Comisión Multisectorial, como los ministros de Salud, Trabajo, Mujer y Justicia para lograr esta meta a la brevedad.
– Al Presidente del Consejo de Ministros a expresar la voluntad política del gobierno al respecto.