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La Corte Interamericana de Derechos Humanos durante las pasadas sesiones del 24 y 25 de noviembre, profirió condena contra el Estado colombiano en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, la cual será comunicada durante el día de hoy o mañana al Estado colombiano, a los familiares de Valle y a los representantes de las víctimas: Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) de Medellín y a la Comisión Colombiana de Juristas de Bogotá.

Es importante anotar que es la primera vez que la Corte falla en un caso colombiano donde la víctima es un defensor de derechos humanos, a pesar de que Colombia es el país donde más violaciones se cometen contra quienes defienden los derechos humanos.

Jesús María Valle Jaramillo era abogado penalista y para el momento de su muerte ejercía la presidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, cargo que había asumido desde 1988, después de que fueran asesinados consecutivamente los presidentes del Comité: Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez y Carlos Gónima.

Entre 1994 y 1998, Valle Jaramillo, públicamente había denunciado acciones conjuntas de tropas de la IV Brigada y grupos paramilitares en Ituango y también sobre las Convivir, que fueron especialmente impulsadas por el gobierno departamental. De igual manera, denunció la complicidad del ejército y los paramilitares en las masacres de la Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango.

Las anteriores denuncias fueron presentadas ante los entonces comandantes de la IV Brigada del Ejército Generales, Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina, y ante el gobernador de Antioquia y actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En consecuencia, Valle fue señalado públicamente como enemigo de las fuerzas armadas y acusado penalmente por calumnia. Al día siguiente de haber rendido versión libre ante una fiscalía seccional, el defensor de derechos humanos fue asesinado en su oficina ubicada en el centro de Medellín.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en junio de 2006, condenó al Estado Colombiano por el caso de “Las masacres de Ituango”, precisamente por los mismos hechos que Valle denunció y que le costaron la vida.

Cabe resaltar las versiones de los paramilitares en el marco de justicia y paz, que han corroborado la participación de los generales Manosalva y Ospina en las masacres de Ituango, como también, la declaración de Mancuso, que señala que el día que comenzó la incursión paramilitar en El Aro, había un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

La sentencia de la Corte en el caso de Jesús María, habla de la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del defensor de derechos humanos y deberá implicar para el gobierno investigar el homicidio en un contexto de persecución por sus denuncias y por la complicidad entre paramilitares, ejército y las autoridades de ese entonces.

Para mayor información comunicarse con:

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) – Medellín

María Victoria Fallon M.
Cel: 315 589 3729
Tel: (4) 260 2300

Carlos Rodríguez Mejía
Cel: 310 799 6489

Comisión Colombiana de Juristas – Bogotá
Gustavo Gallón
Tel: (1) 376 8200