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Por Beatriz Merino. Defensora del Pueblo

El Perú fue uno de los países miembro de las Naciones Unidas cuando hace 60 años, un 10 de diciembre como hoy, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo ideal común es la dignidad y justicia para todos.

Este valioso documento respondió al sentimiento de rechazo a la violencia experimentada durante la Segunda Guerra Mundial, y anunció un cambio fundamental en la historia de la humanidad: el compromiso de la comunidad internacional de velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones

En el sexagésimo aniversario de la vigencia de la declaración universal, es necesario valorar positivamente la fuerza transformadora de sus postulados en el mundo contemporáneo, y registrar las dificultades y adversidades que permanentemente amenazan la plena vigencia de los derechos humanos. Cabe preguntarse, por ello, sobre los principales desafíos que enfrentamos como nación para hacer posible el ejercicio de los derechos de más de 28 millones de peruanos.

Nuestro país se ha caracterizado por una enorme desigualdad social, que afecta principalmente la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la pobreza en el Perú, en el 2007 más del 39% de sus habitantes son pobres, siendo las zonas más afectadas la sierra y la selva, con una incidencia de la pobreza del 60% y 48%, respectivamente.

Históricamente se han originado desigualdades no solo económicas y sociales, sino raciales y culturales, las cuales contribuyen a crear desencuentros entre distintos sectores de la sociedad. Esta situación ha ocasionado la exclusión e inequidad con relación al respeto de los derechos y la prestación de servicios públicos básicos; y, en definitiva, inequidad en la provisión de oportunidades y condiciones para el desarrollo de proyectos de vida de una parte importante de la población. Por ello, combatir la pobreza, la exclusión y la discriminación son los principales desafíos que enfrentamos para hacer posible el ejercicio de los derechos humanos de todos los peruanos.

El 11 de diciembre del 2005, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos con la finalidad de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales, mediante la acción coordinada de los sectores del Estado, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación de la comunidad internacional. El plan nacional se convierte, de esta manera, en una oportunidad para que el Estado pueda abordar y combatir las profundas desigualdades existentes en nuestro país, que se reflejan en los conflictos sociales que surgen día a día, y alcanzar así una sociedad más justa y con más oportunidades para todos y todas.

En la Defensoría del Pueblo hemos asumido esa oportunidad como una plataforma de lucha sin cuartel en defensa de los derechos fundamentales, desde que le recordamos al Estado que es necesario implementar el plan nacional. El respeto de los derechos humanos es hoy una obligación ineludible de los Estados modernos, pues el desarrollo no debe marginar ni desatender a persona alguna. En razón de ello, reavivemos la razón y la pasión de los hombres y mujeres que, hace 60 años, se comprometieron a erradicar la violencia y la exclusión, y se atrevieron a dar un paso gigantesco, en nombre de todas las naciones, para promover definitivamente el respeto de los derechos humanos.

Fuente: Diario El Comercio

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