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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario expresar profunda preocupación por las condiciones en que se desenvuelve la investigación policial y fiscal actualmente en curso, en la cual están comprendidos los señores Alberto Moreno Rojas del Río; Nicolás Olmedo Auris Melgar, Carlos Gerardo Benavides Caldas, Jorge Luis Jaime Cárdenas, Julio Isaías Céspedes Olórtegui, Yen Amadeo Campos Cuadrao, Luis Gastón Marquina Hernández, Luis Alberto Benites Jara, Eder Gerardo Cava, Jacinto Cunia García, Renán Raffo Muñoz, Rogger Abel Taboada Rodríguez y Felícita Cueva Capa, entre otros, a quienes acaba de sumarse la investigación abierta contra el periodista del diario La Primera, Raúl Wiener Fresco.

Las circunstancias conocidas hasta el momento sobre esta investigación permiten pensar, con fundamento, que se está recurriendo a la instrumentalización de una investigación, que en principio debiera ser objetiva e imparcial, para usarla como medio de coacción sobre la libertad de actores políticos. Preocupa en especial el recurso a formulaciones vagas, supuestamente incriminatorias, relacionadas con opiniones, en lugar de establecer hechos concretos, debidamente probados, que reflejen la tipificación de un delito. El sistema penal se basa en la sanción de actos descritos previamente como delictuosos por la ley, y en ningún caso se admite la sanción por opiniones políticas.

La inclusión evidentemente arbitraria del periodista Raúl Wiener Fresco es el hecho más reciente que viene a confirmar las dudas acerca de la imparcialidad y objetividad de las autoridades a cargo de esta investigación. El periodista Wiener se limitó a ejercer su profesión informando a la opiniòn pública sobre la investigación en curso, en su condición de jefe de la unidad de investigación del diario La Primera. No obstante ello, ha sido citado por la autoridad bajo apercibimiento de detención, y se ha dictado contra él una prohibición de informar sobre el caso, en tanto ahora se le considera a él también como investigado. Este hecho representa un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de ejercicio de la función periodística, que no puede admitirse.

Lima, 14 de noviembre de 2009