Majaz: ¿eso es democracia?

Publicado el 12 enero 2009 por en General

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Por Carlos Reyna

A las comunidades de la sierra piurana, cerca de la frontera con el Ecuador, la actividad minera no les parece una necesidad. Por el contrario, les parece un peligro para sus aguas y sus pastos. Por eso no han querido la presencia de la minería en sus tierras.

A los señores Presidentes eso les importa menos que un comino. De Fujimori a García, pasando por Toledo, les ha parecido que son ellos y sus ministros, exclusivamente, los que deben decidir cuál es la “necesidad pública” en esas zonas de frontera. Y lo que deciden es darles derechos mineros a empresas extranjeras como Majaz.

Esa línea la puso Fujimori. Hasta la Constitución del 79, tales derechos mineros solo se podían otorgar, como  excepción, en “caso de necesidad nacional declarada por ley expresa”. Pero en noviembre del 91, demócratas tan excelsos como Fujimori, Boloña y Joy Way dieron el decreto legislativo 757. Este declaró “de necesidad nacional la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas o por realizarse en las zonas de frontera”.

Lo que la Constitución admitía como excepción, el DL 757 lo impuso como regla general. No solo eso. Allí donde la Carta del 79 requería una ley expresa para poder realizar la excepción, el decreto legislativo, para aplicarse, solo puso el requisito de una resolución suprema. En la Constitución, el límite al gobierno y el contrapeso del Congreso. En el decreto, el gobierno sin límite y sin freno.

En realidad, el decreto contenía un golpe de Estado en pequeño. Disolvía una norma constitucional y una atribución congresal. La disolución total vino cinco meses después, con el golpe de abril de 1992, también en nombre de la necesidad nacional y del interés público.

Fujimori cayó el 2000, pero Toledo y García han seguido su línea. De hecho, el DL 757 es invocado como fundamento de los decretos supremos que dieron para declarar de “necesidad pública” el otorgamiento de derechos a Río Blanco en 2003 y luego a Minera Zijin en 2008, compradores de Majaz.

A los comuneros no se les reconoce el derecho a definir cuál es su necesidad pública respecto a este tema. En asuntos como este, ni municipalidades ni gobierno regional tienen atribuciones. Solo las tienen el Presidente y sus ministros. Los Congresos posfujimori no reformaron nada.

En 2007, frente a la consulta popular organizada por los comuneros, la respuesta desde el Ejecutivo y de otros poderes públicos fue básicamente represiva. Los promotores de la consulta fueron acusados y enjuiciados hasta por terrorismo.

Ahora sabemos, por La República, que en agosto del 2005 hubo algo muchísimo más grave. Policías y guardias privados enviados a defender el orden de cosas cometieron un asesinato y torturaron a decenas de comuneros. ¿Con qué valor llamar a esto democracia y no hacer nada por cambiarla?

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/01/12/18/node/9039/total/1634/pagina