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Ronald Gamarra declara sobre denuncia de torturas en Majaz. Ministra de Justicia asegura que su sector apoyará las acciones que emprenda el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Francesca García, diario La República

La investigación por el secuestro y tortura de 29 campesinos dentro de la propiedad de la minera Majaz ha avanzado de manera dilatada a causa de la negativa de la Policía Nacional para brindar los nombres de los efectivos que participaron en aquellos sucesos en agosto de 2005, según expresó Ronald Gamarra.

“No se han tomado  declaraciones a los posibles responsables y la Policía no ha entregado a la Fiscalía los nombres de los efectivos de la Diroes que participaron en aquellos actos”, dijo el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Como se sabe, las pruebas gráficas de la retención y posterior tortura de 29 campesinos –entre el 1º y 3 de agosto de 2005– fueron publicadas por este diario en las ediciones del viernes y sábado último.

Aquellas fotografías brindan pruebas contundentes de la denuncia que en junio del 2008 presentó la CNDDHH y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura.

Gamarra lamentó  que en casos como este las autoridades no actúen con la urgencia pertinente “por temor a intervenir cuando están involucradas autoridades con determinados intereses”.

Consultada al respecto, la ministra de Justicia Rosario Fernández manifestó que su sector apoyará las acciones que emprendan el  Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Desde el ministerio se pueden hacer dos trámites, uno mediante los defensores de oficio y por otro a través de la Secretaría de Derechos Humanos para encaminar la investigación”, adelantó la titular de Justicia a La República.

Por su parte, el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, opinó que la investigación del caso le compete sólo al Ministerio Público (MP).

“Solo si existieran irregularidades en la investigación, el Congreso pediría un informe al MP”, dijo.

El dato

Detenido. Félix Toledo, ex fiscal provisional de Huancabamba, quien estuvo a cargo de visitar el predio de Majaz cuando aún se encontraban detenidos los 29 campesinos, y quien –según la declaración de los afectados– actuó de forma deplorable al no denunciar el hecho, fue detenido en el 2006 tras ser sorprendido recibiendo un soborno. Además, sobre él aún se encuentra la denuncia penal por el Delito de Omisión del Ejercicio de la Acción Penal interpuesta por la CNDDHH y Fedepaz.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/01/12/6/node/9105/total/15/pagina