TORTURAS EN MAJAZ

Publicado el 08 enero 2009 por en Sin categoría

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Desde el año 2003 la empresa Minera Majaz, hoy Río Blanco, opera ilegalmente en el territorio de las Comunidades Campesinas Segunda y Cajas y Yanta, en la frontera norte del Perú. La presencia de la minera es ilegal por no contar con el consentimiento de las asambleas comunales que exige la ley 26505. Durante dos años las comunidades afectadas trataron de usar los canales de diálogo con el Estado para exigir el respeto a sus derechos territoriales, sin lograr ningún resultado.

A fines de julio del 2005 los comuneros iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera, donde según lo ofrecido por el Ministro de Energía y Minas, iban a encontrarse con una comisión multisectorial de alto nivel. Los comuneros han señalado en más de una ocasión, que ésta era una marcha de sacrificio, porque implicaba caminar durante varios días a través de una densa vegetación, y en condiciones climatológicas extremas.

A su llegada al campamento minero el 1º de agosto del 2005 los comuneros no fueron recibidos por la esperada comisión de diálogo, sino por un fuerte contingente policial que los reprimió con brutalidad, lanzando bombas lacrimógenas desde helicópteros, realizando disparos al cuerpo de las personas, incluso cuando estas huían. El comunero Melanio García murió víctima de un disparo, en circunstancias aún no esclarecidas.

En esas circunstancias, 29 personas, incluyendo dos mujeres y el periodista Julio Vázquez Calle, fueron interceptadas y conducidas al interior del campamento minero. Allí permanecieron secuestrados durante tres días, siendo además sometidos a diversas formas de tortura psicológica y física. Además de ser salvajemente golpeados, durante estos días se les mantuvo encapuchados con sacos roceados con polvo lacrimógeno y con los ojos vendados, desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas.

Según testimonio de los comuneros cada cierto tiempo les colocaban un polvo tóxico en la cara, debajo de los sacos y los vendajes, lo que les hacía vomitar y no les dejaba respirar. Las mujeres fueron sometidas a diversas vejaciones de carácter sexual. Además a todos se les infligieron diversas humillaciones verbales y amenazas.

En octubre del 2007 la institución norteamericana Phisicians For Human Rights, (institución galardonada en el 97 con el Premio Nóbel de la Paz) realizó un peritaje a ocho de las personas torturadas, corroborando los abusos sufridos durante su ilegal retención.

Los responsables
La responsabilidad por estos hechos corresponde a diversos efectivos de la Policía Nacional del Perú y también a los directivos de la empresa Minera Majaz, ya que su personal de seguridad participó directamente en las torturas. El hecho mismo de que las torturas se desarrollaran en el interior del campamento minero indica que los directivos no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Además la empresa se encargó de brindar alimentos para los policías y otras facilidades logísticas. Así mismo la empresa donó botas a las personas secuestradas momentos antes de su traslado a Piura, para que no llegaran allí descalzos.

La denuncia
En julio del 2008 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) junto con la institución Fedepaz presentaron una denuncia por estos hechos ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura.

La denuncia considera los cargos de secuestro agravado, torturas, y delitos contra el pudor. Adicionalmente el fiscal que estuvo presente durante las detenciones de los agraviados, Félix Toledo Leiva, ha sido denunciado por el delito de omisión de ejercicio de la acción penal, ya que tuvo pleno conocimiento de los abusos cometidos, y lejos de promover acción penal contra los perpetradores denunció a las víctimas por su participación en la marcha pacífica.

También ha sido denunciado el médico que examinó a las personas torturadas por el delito de expedición de certificado médico falso, ya que no dejó constancia de los signos de tortura que presentaban.

Las fotografías del horror
Las fotografías, entregadas de forma anónima, muestran diversos momentos de los hechos ocurridos en el campamento de la minera Majaz. En ellas pueden verse los bienes incautados por la policía a los manifestantes, incluyendo ropa, víveres y enseres de cocina, sin que aparezca arma alguna. Ello acredita el carácter pacífico de la marcha campesina, al contrario de lo que en su momento señaló la policía, que los campesinos se encontraban armados.

Las imágenes revelan diferentes signos de maltratos en los comuneros que participaron en la marcha de sacrificio. Rostros ensangrentados y con presencia de contusiones y hematomas producto del accionar represivo de los miembros de la Dinoes y del personal de la minera Majaz. Campesinos con los pies descalzos y el dorso desnudo, arrinconados unos con otros, amarrados y vendados en el camal de la empresa minera.

Las imágenes muestran como los campesinos permanecieron encapuchados en costales y sacos que contenían polvo lacrimógeno, el cual además de producirles severas quemaduras, no les permitía respirar (según testimonio de las propias víctimas en estas condiciones permanecieron por horas a fin de no identificar a sus captores ni el lugar de reclusión) en estas circunstancias fueron trasladados a diferentes puntos al interior de las instalaciones de la empresa minera donde permanecieron secuestrados.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condena enérgicamente los actos de tortura y vejámenes producidos en agravio de los comuneros de Ayabaca y Huancabamba quienes por hacer uso de su legítimo derecho a la protesta fueron víctimas de un cobarde atropello contra sus derechos fundamentales. Invocamos a las autoridades a sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables de estos execrables hechos en procura de salvaguardar los derechos humanos de nuestros hermanos piuranos.

Esto es prueba