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Un grupo de 28 campesinos y periodistas peruanos que fueron secuestrados y torturados en 2005 en el campamento minero de Majaz (región de Piura, norte del país), demandó hoy sanciones para los agentes de policía que los atacaron en el local de la compañía británica Monterrico Metals.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, pidió en una rueda de prensa que la Policía Nacional del Perú «entregue la relación de quienes practicaron los actos», a lo que se viene negando desde que se presentó la denuncia el año pasado.

A pesar de que el Ministerio del Interior empezó una investigación por las denuncias de las víctimas, hasta ahora no hay ningún encausado.

Sin embargo, unas fotografías tomadas por la misma policía, que registran todo el operativo dentro del campamento minero, han servido para que el grupo insista en su reclamo.

Por su parte, la empresa Monterrico ha acusado a los denunciantes de actos de terrorismo.

Gamarra señaló que las imágenes demuestran que las torturas fueron parte de un «operativo oficial» y que se hicieron para «dar cuenta de que se cumplió con la orden».

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró ayer estar «horrorizado» por las imágenes, publicadas por la prensa, y pidió un informe por lo ocurrido, pues «nadie debe torturar a nadie» en el país.

El primero de agosto de 2005, un grupo de campesinos de dos comunidades de la sierra de Piura, cerca a la frontera con Ecuador, acompañados por cuatro reporteros, llegaron en una «marcha de sacrificio» hasta el campamento de Majaz, ubicado en una zona agreste y alejada de la provincia de Huancabamba.

Los comuneros buscaban conversar con la empresa, pues se oponen a la actividad minera en su jurisdicción netamente agrícola, pero al llegar al campamento fueron reprimidos por la policía y retenidos dos días contra su voluntad.

El centro minero de cobre, que ahora está en manos de la china Zijin, aún no puede operar plenamente en la zona, a pesar de que el Gobierno ha aprobado su actividad por decreto supremo, pues las comunidades se oponen.

Uno de los torturados, el periodista Julio Vásquez, relató en la rueda de prensa que los miembros de la Dirección de Operaciones Especiales los golpearon, los amarraron y los cubrieron con capuchas rociadas con gas lacrimógeno, que les quemó el rostro y les impedía respirar.

Entre el grupo había dos mujeres, una de ellas periodista, y, por lo menos, un menor de edad, de 16 años, que fueron golpeados y agredidos al igual que los demás.

Uno de los campesinos retenidos, Melanio García, recibió una herida de bala en el cuello y murió al día siguiente de la detención del grupo.

Un día después del secuestro de los campesinos llegó el fiscal Félix Toledo al campamento, pero éste, lejos de constatar las agresiones, recriminó a los comuneros por protestar contra la mina y les abrió investigación por daños y actos de terrorismo, incluido al campesino muerto.

Fuente: Periodista Digital

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