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DECLARACIóN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El atentado –afortunadamente frustrado– ocurrido el 31 de enero contra la vida de la señora Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaiz Ramos, es un hecho de suma gravedad que significa un abierto desafío de la corrupción a la vida democrática de nuestro país y representa un nuevo paso en la búsqueda de impunidad a través de la intimidación por el crimen.

A nadie escapa el rol que desde hace varios años viene cumpliendo el Ministerio Público en un importante número de casos contra destacados representantes de la corrupción, en particular contra los remanentes aún muy activos de la mafia fujimorista-montesinista, cuyos líderes afrontan en estos momentos juicios en los cuales el Ministerio Público ha solicitado para ellos penas ejemplares, de acuerdo a ley.

Precisamente, algunos de los herederos de aquel régimen, formados y entrenados en sus métodos, protagonizan en estas semanas sonados casos de espionaje a gran escala, por los cuales el Ministerio Público los ha denunciado. Por cierto, tampoco puede descartarse una represalia de elementos vinculados al narcotráfico o la criminalidad organizada.

La CNDDHH expresa su solidaridad con la señora Fiscal de la Nación y el Ministerio Público. Asimismo condena decididamente este atentado y a sus autores, y exige al Gobierno una investigación exhaustiva hasta hallarlos y ponerlos a disposición de la justicia. La integridad del sistema político del país, cuya estabilidad es frágil, exige que este atentado no pueda pasar sin ser totalmente esclarecido y sin la sanción que corresponde a quienes lo ejecutaron y organizaron.

Lima, 1º de febrero de 2009

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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