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(Foto: Andina)

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La sanción que recibirá el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos debe ser tan severa como la que Argentina le impuso al ex dictador Jorge Rafael Videla, por crímenes y secuestros, sostuvo hoy el fiscal supremo, José Peláez Bardales.

El magistrado comparó el juzgamiento a Videla, llevado a cabo ante justicia argentina por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen militar (1976 -1981), con el juicio que se le sigue a Fujimori por los mismos delitos.

Manifestó que “así como la justicia argentina impuso la condena máxima que rige en ese país de prisión perpetua, también la justicia peruana debe aplicarle a Fujimori la sanción máxima de 30 años, conforme establece la legislación para homicidio calificado, lesiones graves y secuestros”.

El dictador argentino fue juzgado en 1983 y hallado culpable de homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, entre otros graves delitos, y condenado a reclusión perpetua.

En 1990 el gobierno de Carlos Menen lo indultó de esta sentencia, pero recientemente fue recluido en una cárcel común por otros delitos referidos al robo y sustitución de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.

Pelaéz Bardales manifestó que la justicia del Perú no debe hacer distingos entre procesados, sean o no ex presidentes, ya que “todos deben ser juzgados y sancionados por igual” de acuerdo a la gravedad del delito cometido, sobretodo tratándose de violaciones a derechos humanos.

“Una sentencia condenatoria es un hecho positivo porque transmite a la ciudadanía nacional e internacional que no se hace distingos entre ex presidentes y personas comunes que cometen delitos”, refirió.

El fiscal supremo comparó también el juzgamiento a Fujimori con la que se le aplicó al ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue el primer ex jefe de Estado en comparecer ante un tribunal internacional por desaparición forzada de personas, entre otros delitos.

El ex líder serbio estaba acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999), que desgarraron los Balcanes en la década de los 90, sin embargo no pudo ser sentenciado porque falleció en marzo del 2006.

“El juzgamiento y la posterior condena a Fujimori transmite al mundo que cuando se tiene que combatir la subversión no se puede emplear los mismos métodos que los terroristas usan, es decir, los asesinatos y la desaparición de personas. La venganza, ‘el ojo por ojo y diente por diente’ debe de superarse en una ciudad donde se respete el Estado de derecho”, manifestó.

El ex mandatario peruano sería sentenciado en marzo por la Sala Penal Especial, cuyo tribunal conformado por los magistrados César San Martin, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, establecerán la verdadera responsabilidad de Fujimori en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

La Fiscalía le imputa haber dispuesto un plan paralelo que consistió en la eliminación de presuntos terroristas, en cuyas matanzas fueron asesinadas 25 personas entre los años 1991 y 1992.

Señala también que los secuestros contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer se realizó después del autogolpe del 5 de abril de 1992.

La defensa del ex mandatario, así como el mismo Fujimori afirmó ser inocente de los cargos que se le imputan y negó haber aplicado una doble estrategia para luchar contra la subversión, sino que ésta –señalan- consistió en aplicar políticas de pacificación del país sin violaciones a los derechos humanos.

Fuente: Andina

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