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El Estado se comprometió ante la CIDH a sancionar penalmente a los responsables y a pagar las indemnizaciones, pero no ha cumplido con ello

“No sé qué han hecho conmigo. Luego de la operación no quedé igual. Tengo una bola aquí”, dice Ligia Ríos. Se toca el vientre con la misma zozobra de hace cinco años, cuando le ligaron las trompas y ella estaba embarazada. Y, claro, luego de la intervención, perdió al niño. Desde entonces los sangrados no paran. Ella solo acude a la farmacia para automedicarse. “Pido algún coagulante”, dice. No hace más porque no puede. Lo último que le dijeron fue que tenía un fibroma. El hospital le resulta caro y no hay dinero.

Ligia Ríos vive junto a dos de sus hijos en una humilde vivienda alquilada, en San Juan de Lurigancho. Trabaja como cobradora en una empresa de transportes. Pero no lo hace siempre, sino solo cuando la llaman o cuando está bien de salud. No gana mucho, pero le alcanza para alimentarse y pagar la mensualidad del estrecho cuarto que alquila.

“¿Por qué después de tantos años les interesa otra vez el tema? ¿Van a indemnizarnos? ¿Se sancionó a los responsables, a los que me operaron?”, preguntó Ligia el día que la encontramos.

A ella le ligaron las trompas en 1997. “Señora, no es una operación, usted ingresa caminando y se va caminando; es tópico, no va a sentir nada, es muy simple”, recuerda que le dijeron los médicos del seguro. En aquellos años, los del gobierno de Fujimori, era tanta la presión por esterilizar a hombres y mujeres que en muchos casos los protocolos médicos no se cumplieron a cabalidad.

La Defensoría del Pueblo advirtió en sus múltiples informes que muchas mujeres fueron engañadas o amenazadas para ser operadas. Incluso, algunos médicos las intervenían sin realizarles los chequeos previos o sin contar con la autorización de la paciente.

A Ligia, por ejemplo, le ligaron las trompas sin descartar si estaba embarazada. Su caso, junto a los de otras 1.004 personas a las que se les aplicó la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), se encuentra en el Ministerio Público hace más de cinco años a la espera de que se formule denuncia penal contra los responsables.

Ligia es difusa con las fechas. Recuerda que la última vez que visitó al médico fue en el 2006. Le dijeron que tenía un fibroma pero no se operó porque no tenía dinero. Para esa fecha, su esposo ya la había abandonado culpándola de todo lo sucedido. Las secuelas de estas intervenciones modificaron las vidas de sus víctimas.

“¿Y las indemnizaciones?”, insiste Ligia.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS
El único caso en el que el Gobierno indemnizó a una víctima fue a Mamérita Mestanza, una mujer cajamarquina que murió luego de la operación. La denuncia de la familia de Mamérita llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue esta entidad la que obligó al Estado Peruano a pagar a sus hijos y esposo una indemnización.

En ese mismo documento de la CIDH (de marzo del 2001), el Estado asumió compromisos que hasta la fecha no cumple. Uno de ellos fue “realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de funcionarios públicos”.

Además, está pendiente “revisar judicialmente los procesos penales sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la ejecución del Programa Nacional de Planificación Familiar (promovido durante el gobierno de Fujimori) para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables, imponiéndoles, además, el pago de la reparación civil”.

Ministerio de Salud no responde
El 6 de enero de este año, El Comercio envió una carta al Ministerio de Salud (Minsa) en la que solicitaba información (bajo el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información) sobre los resultados de los procesos administrativos que se abrieron contra los profesionales de la salud que incurrieron en faltas graves durante las esterilizaciones forzadas. Pese al tiempo transcurrido, el Minsa nunca respondió.

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con la CIDH le competía directamente al Minsa: “Realizar las investigaciones administrativas contra los profesionales de la salud responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, así como de aquellos que ofrecieron dinero al cónyuge de la víctima para encubrir las circunstancias del deceso”.

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Por Nelly Luna Amancio. Publicado en El Comercio (18/02/2009)

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