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Las sentencias a oficiales del Ejército y la policía por los crímenes de Chuschi y contra Ernesto Castillo Páez, Efraín Aponte y  Hugo Bustíos corren el riesgo de ser anuladas, y los juicios de volver a fojas cero, si el Tribunal Constitucional (TC)  no es preciso en sus fallos, advirtió el presidente de la Sala Penal Nacional Pablo Talavera  Elguera.

Según el magistrado, las sentencias de esos casos fueron confirmadas por la Corte Suprema, pero los abogados defensores han planteado Hábeas Corpus cuestionando la valoración probatoria al amparo del fallo del Tribunal Constitucional que anuló la condena a la parricida Giuliana Llamoja Hilares.

En ese fallo, el TC establece diversas reglas sobre la valoración de la prueba y de los indicios al momento de dictar sentencia, lo que sirve de base para que los abogados de los militares cuestionen las condenas a sus clientes.

Cuestión de pruebas

Por eso, según Talavera Elguera, el Tribunal Constitucional debe ajustar y aclarar algunos de los conceptos planteados en el fallo del caso Llamoja, pues ha abierto la posibilidad legal de revisar y anular diversas sentencias por violación de derechos humanos, como las antes mencionadas.

“En todos los Hábeas Corpus  la defensa de los militares  cuestiona las pruebas. Por ejemplo, el ex comandante PNP Juan Carlos Mejía León, sentenciado por la desaparición forzada del estudiante Ernesto Castillo Páez, dice que el tribunal no valoró tal cosa porque debió hacerlo de tal manera, lo que corresponde únicamente a los jueces”, indicó Talavera.

“Volver a valorar –continuó el magistrado– lo que dijo A o B en las audiencias, en un proceso constitucional, es volver a analizar el juicio, y eso está mal”.

En ese sentido, Talavera consideró que el TC debe evaluar los elementos que obran en un expediente de manera conjunta y no aisladamente, porque en este último caso se podría llegar a la conclusión de que no hay indicios o que estos no son suficientes.

“No descarto el riesgo de que a alguien por ahí en algún momento se le pueda ocurrir anular una sentencia, con graves efectos para todos; primero porque seguiría siendo un caso sin sentencia y, segundo, porque definitivamente será una desmoralización para quienes persiguen justicia”, precisó el presidente de la Sala Penal Nacional.

Verán temas de seguridad

El Poder Judicial se reunirá con la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía para determinar un servicio adecuado y eficaz para la protección de los jueces, anunció Pablo Talavera.

Explicó que hay momentos en que se necesita mayor seguridad y otros en que es menor el riesgo. En este sentido,  sugirió que la seguridad de los magistrados sea flexible. 

Cuando un juez tiene un caso importante debe tener equipos que le ayuden a brindarle seguridad a él y a su familia para su tranquilidad por un tiempo determinado. Luego ese grupo pasaría a dar seguridad a otro magistrado”, anotó.

Fuente: Diario La República

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/02/05/9/pagina/15

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