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Por Víctor Álvarez Pérez (CNDDHH)

La desaparición forzada de personas fue un fenómeno que afectó gravemente al país durante el conflicto armado interno. Hoy se habla de miles de desaparecidos a manos de las fuerzas del orden. Historias terribles, difíciles de creer además, ya que los perpetradores de estos crímenes se cuidaron muy bien de eliminar las evidencias y pruebas. Porque ¿cuál es el fin de la desaparición forzada de personas?  Pues borrar todo rastro e indicio no sólo de la persona, sino de las razones o circunstancias de su desaparición. No hay investigación posible, no hay cuerpo, no hay pruebas. El crimen perfecto. El método perfecto para eliminar opositores, disidentes, subversivos. 

Es más, esos crímenes se cometieron desde determinados espacios de poder: una base militar, por ejemplo. Instalada en una zona de emergencia era la única representación de la autoridad y quienes estaban a cargo de ellas ejercían y tenían el control y poder. Pero, además, las víctimas fueron, en su mayoría, gente pobre, rural, analfabeta. Es decir, altamente vulnerable y con poquísima o nula capacidad de respuesta y de denuncia. La muestra de lo que venimos diciendo es el hallazgo de una fosa en la localidad de Putis, Ayacucho, luego de más de 20 años, con más de un centenar de personas asesinadas, enterradas allí. Nadie nunca reclamó por esas desapariciones o, si lo hicieron, se estrellaron contre el muro de la indiferencia, la desatención, la incredulidad.  Por último, los familiares no tenían pruebas.    

¿Qué pruebas puede haber de la desaparición de una persona?  ¿Un memorando en el que se diga que a tal o cual persona se la borró de la faz de la tierra? ¿Tal vez un  informe en el que se haya consignado con detalle el plan que se siguió para proceder a la detención y posterior desaparición de una persona?  ¿Un testigo que dijera con absoluta precisión quiénes detuvieron a la persona, el nombre completo del que estuvo al mando, la fecha exacta en que se produjo el hecho, y que también vio detenida a la persona en la base militar y luego vio cómo la asesinaban y arrojaban su cadáver a una fosa? ¿Qué es lo que espera un fiscal que pruebe la desaparición de una persona?

Entonces, ¿qué pasará con las miles de desapariciones que se produjeron en el país? Pues que la casi totalidad de esos casos quedará impune. El crimen perfecto.  Nada habrá que pueda convencer a quienes tienen el deber y la responsabilidad de llevar a juicio a los que resultan sindicados de haber cometido esos crímenes. Si se abrió alguna investigación, estará condenada al archivo.  No hay pruebas.

¿Cómo es, entonces, que se ha podido condenar, en algunos poquísimos casos, a los perpetradores de estos horrendos crímenes?  No es imposible probar la responsabilidad penal de los autores. En el caso de la desaparición forzada del joven estudiante Ernesto Castillo Páez, se logró en base a los indicios encontrados y a una férrea voluntad y decisión del fiscal de llevar el caso a juicio oral y allí debatir la fuerza probatoria de tales indicios. 

Hace 17 años una pareja de convivientes fue detenida en su domicilio por miembros del Ejército, de madrugada y a punta de amenazas y golpes de culata de FAL. Pero no estamos en la ciudad y esta pareja no era siquiera de clase media. Eran personas del campo, pobres, que vivían en un caserío en el Huallaga. ¿Hay testigos del hecho?  Claro, sus cinco menores hijos que vieron cómo sus padres fueron arrastrados del hogar por soldados armados y conducidos hasta la base militar más cercana: la base militar de Madre Mía. 

Un soldado que participó en este hecho narró todo lo acontecido con lujo de detalles y afirmó que el jefe de la base militar en esa época era el “Capitán Carlos”.  Luego lo reconocería como Ollanta Humala Tasso. Señalaría que la pareja estuvo, en efecto, detenida en la base militar y que la orden de la detención y desaparición la dio el mencionado jefe de la base.  Un segundo soldado corroboraría estos datos.  Un tercer soldado que sirvió en esa misma época reconfirmó que el jefe de la base militar de Madre Mía era el “Capitán Carlos”, y que éste es Ollanta Humala Tasso.  ¿Constituyen pruebas las declaraciones de estos soldados?  No parece haber ninguna duda al respecto.

Finalmente, otros dos soldados afirman haber participado en la detención de la pareja y en su conducción hasta la base militar de Madre Mía. Narran con lujo de detalles toda la operación y corroboran todo lo anterior. Sin embargo, meses después, de manera misteriosa, se retractan, niegan lo dicho y sostienen que fueron amenazados para sindicar al procesado. ¿Se puede considerar como pruebas sus declaraciones contradictorias? Por supuesto, es deber del fiscal indagar por qué y en qué circunstancias se produce la retractación. No sólo eso, tendría que valorar como elemento para su acusación la versión más coherente con todo el conjunto de pruebas e indicios que se hayan podido actuar.

El fiscal a cargo de este caso consideró que nada de lo señalado es válido para acusar a Ollanta Humala Tasso. Seguramente, considera que el caso debe archivarse porque los soldados se retractaron, porque hay testigos que dicen lo contrario a lo afirmado por los familiares y los testigos de cargo, o que hay versiones contradictorias. Pero en un proceso penal hay dos posiciones en pugna.  El momento y oportunidad para definir quién miente y quién tiene la razón es el juicio oral.  El debate y contradictorio públicos.  Con el criterio de que las pruebas encontradas, las versiones contradictorias y las retractaciones justifican desestimar una acusación, tendríamos que archivar todos los casos penales. 

La CVR sostuvo de manera contundente y cruda una realidad dolorosa: el Ministerio Público claudicó de sus funciones durante el conflicto armado interno.  Fue insensible a las denuncias y reclamos de justicia de parte de los familiares de las víctimas. Indigna y causa profunda desazón ver cómo, todavía hoy, encontramos que se claudica a la posibilidad de debatir en juicio oral la determinación de la responsabilidad penal por la desaparición forzada de esta pareja de convivientes. 

Los familiares de las víctimas tienen derecho a que se debatan las pruebas en un juicio oral y público, tienen derecho a saber por qué los testigos variaron su versión, por qué afirmaron en un primer momento la responsabilidad de Ollanta Humala y luego cambiaron radicalmente. Es inaudito que se archive el caso.  Pero eran pobres y vivían en una zona rural. Y hoy siguen siendo pobres. ¿Es más cómodo así?