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Diversas organizaciones de Derechos Humanos confirmaron que el 12 de marzo realizarán una marcha en solidaridad con los familiares de las víctimas y desaparecidos durante el régimen de Alberto Fujimori, y para respaldar una sentencia condenatoria de 30 años solicitada por el fiscal José Peláez Bardales.

La marcha que se iniciará en la Plaza Dos de Mayo y tendrá como destino el Ministerio Público es parte de una campaña nacional que exige la condena de Fujimori. Paralelamente se realizaran actividades  en todo el país.

Ronald Gamarra, presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, a nombre de las organizaciones solicitó a la sociedad civil participar de esta movilización. “Buscamos que la ciudadanía tome conciencia sobre el crimen que se cometió”, señaló Gamarra, tras indicar que ellos piden una sentencia condenatoria justa en base a las pruebas que existen y que la cantidad de años de condena es una decisión que solo le corresponde al Tribunal.

Gamarra sostiene que la condena a Fujimori es importante para el Perú porque fortalece los valores de la democracia: “primero, que ante la ley todos somos iguales, porque Fujimori está respondiendo ante los tribunales de justicia, y segundo, sobre nuestro sistema de Justicia, porque en un tribunal tiene que respetarse a todas las partes y no puede decirse que el juicio a Fujimori ha sido manipulado”, declaró.

También han confirmado su participación en esta movilización la CGTP, la Confederación Campesina del Perú, la Federación Minera Peruana, entre otras organizaciones gremiales. Todos ellos apoyan el pedido de las organizaciones de DDHH y exigen que también se escuchen sus demandas en cuanto a derechos laborales.

PRECISIONES

Condena sentará precedente. Francisco Soberón, presidente de Aprodeh, puntualizó que la condena al ex presidente Fujimori sentará un precedente para el futuro del Perú y América Latina.

Casos Latinoamericanos. Hasta hoy solo dos dictadores fueron condenados en Argentina, aunque luego indultados por el gobierno de Menen. El caso de Pinochet nunca estuvo condenado, solo hubo reclusión.