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Perspectiva panorámica de la evolución sobre los casos judiciales que tocan asuntos que afectan a los derechos de LGTB a raíz de una sentencia en la corte suprema de Texas por una demanda impuesta por un ciudadano y cómo desde entonces, a modo de punto de inflexión, las resoluciones que se han ido sucediendo le nombran y fallan generalmente a favor de los derechos LGTB como momento de cierta revolución y cambio de situación con respecto a la lucha por los derechos en EE. UU.


Artículo publicado en la web de COGAM

Aunque parezca mentira, hasta hace casi seis años en Estados Unidos algunos estados como el de Texas todavía criminalizaban las relaciones homosexuales. Ocurría en Junio de 2003 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos hacía valer su decisión más generalizadora y favorable a los derechos homosexuales fallando en contra de la ilegalidad de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La Corte erigió un escudo de privacidad alrededor de dicho tipo de relaciones, allanando el camino para nuevos logros en el campo de sus derechos y fomentando con ello la consecución de otros hitos en el movimiento de derechos de los homosexuales (que incluirían las victorias judiciales en favor del matrimonio homosexual como en Massachusetts –Nov. 2003- o California –a pesar de su rechazo tras votación en Nov. 2008- ).

El principio del fin de esta discriminación comienza su largo camino tras la demanda interpuesta por un ciudadano tejano arrestado con cargos de “sodomía” cuando la policía de Houston entraba en su domicilio particular encontrándolo a él y a su pareja comprometidos en relaciones sexuales. Después de la resolución de los tribunales tejanos (en la decisión del caso de “Lawrence contra Texas”) miles de ciudadanos norteamericanos pudieron sentirse libres siendo gays sin tener que verse como criminales debido a la tipificación penal de muchas de sus prácticas en relación a unos códigos de “moralidad y orden”…, dictamen que echó a la calle en decenas de ciudades norteamericanas a muchos para demostrar su alegría con respecto a la medida.

Pero, junto con esta alegría vendrían aparejadas una tormenta de protestas encabezadas dentro de la propia instancia suprema de Justicia norteamericana. El Juez Antonin Scalia, apoyado por otros magistrados (el juez-jefe Rehnquist o el juez Clarence Thomas) apeló a la decisión de tumbar las leyes a favor de la “sodomía” como ruptura masiva en contra del orden social actual y cuyas consecuencias –predecía como profeta de las primeras décadas del primer siglo d.C.- culminaría con el colapso de las leyes contra “el matrimonio gay, la fornicación, la bigamia, el adulterio, el incesto de adultos, la bestialidad y la obscenidad”, concluyendo que “todo esto decretaba el final de toda legislación de la moral”.

Ocurre afortunadamente a la vista de los acontecimientos que en estos seis años, algunas de las predicciones de Scalia no serían erróneas. De hecho, su punto central –que la decisión daría sustento a las reclamaciones y desafíos acerca de leyes relacionadas con los gays y con el sexo- sí han resultado ciertas (en un amplio sentido): Los cambios legales forjados por la demanda de Lawrence fueron considerables. Los casos de las leyes de matrimonios gays de Massachusetts o California le citan expresamente, al igual que se le menciona en otras resoluciones –en sentido favorable o no- que conciernen al sexo y a los homosexuales en diferentes estados de la Unión. El caso de Alabama y sus juguetes sexuales, antes prohibidos, es ejemplo de lo que comentamos. Las adopciones gays en Florida, que siguen vetadas, o la exclusión de militares abierta y públicamente declarados homosexuales que se ha de basar en algo más que en la desaprobación moral de gays, también lo son.

Otro reflejo de las repercusiones está en la rectificación contraria a la voluntad de erigir diferencias de trato en “delitos” o faltas cuando los protagonistas son heterosexuales respecto de cuando son homosexuales. Así, en Florida, las relaciones entre adolescentes tenían unas consecuencias si éstas eran homosexuales (hasta 17 años de prisión por “iniciación al sexo oral”) frente a las heterosexuales (los 15 meses de la llamada “Provisión de Romeo y Julieta” con que se sancionaba a un “teenager” de 18 años que se sorprendía con una menor), dictámenes que tuvieron que ser modificados a la luz de la resolución a favor de Lawrence de manera que la protección que se derivaba de su estatuto debía ser aplicada a cualquier incidente que involucrase personas del mismo sexo.

Sin embargo, no todos los casos que citan la sentencia de Lawrence han sido decididos a favor de las demandas del derecho de gays y lesbianas -en Florida, como decimos, se sigue sin posibilidad de adopción por parte de este colectivo-, pero, en cualquier caso, el impacto de la sentencia que nos ocupa no tiene más salida que la de ir creciendo, como comentaban los abogados involucrados en el caso. Lo que aquella sentencia demostraba era que ya no era válida la simple desaprobación mayoritaria de una conducta para que ésta fuera considerada como crimen, explicaba el abogado Paul Smith -entre los defensores de Lawrence antes de que el tribunal les diera la razón-. ¿Tenía Scalia razón en lo que dijo? Si nos quedamos con que la decisión judicial iba a cambiar la manera de los tribunales de tratar a los homosexuales, entonces parece que sí. Pero si pensamos que su aviso apocalíptico nos amenazaba también con la vivencia de agitaciones e insurrección social multitudinaria y lo comparamos con las reacciones en Massachusetts tras el fallo judicial sobre el matrimonio gay, sus previsiones no fueron ni equilibradas ni realistas. Estas leyes no han cambiado la forma en que cualquier otra persona vive su vida, como sostenía Paul Smith. Es la misma circunstancia que hemos comprobado en España tras la aprobación de la ley de matrimonio homosexual. Por fuerza, la gente contraria y en mayor grado la dudosa asume, abierta o solapadamente, que su vida no ha cambiado en ningún sentido y es aquí, en la serenidad, en la tranquilidad y naturalidad de lo cotidiano donde se fragua el olvido y se construye en gran manera la normalidad necesaria para que el ruido y el eco de esos sectores más reaccionarios se vuelva lejano y languidezca.

En 2005 este “abogado-profeta”, Antonin Scalia, siguió con su aspaviento y sus mensajes de apocalipsis cuando declaraba que la Corte de Justicia había tomado claramente partido por una de las partes en la guerra de nuestra Cultura mancillando su papel de neutral observador al dejar de asegurar las reglas democráticas del compromiso matrimonial. Muchos americanos, decía, no quieren personas abiertamente relacionadas con conductas homosexuales como compañeros de sus negocios, como profesores o monitores en las escuelas y campamentos de sus hijos, o como inquilinos en sus casas…Y estas personas lo ven como si se protegieran a ellos mismos y protegieran a sus familias de un estilo de vida que entienden destructivo e inmoral.

Estas posturas, sin embargo, están cambiando cada vez más rápido. Pero el fuerte impacto del caso Lawrence persistirá muy probablemente sin tener en cuenta lo que la mayoría de los estadounidenses piensen acerca de los gays en un futuro. Cualquier juzgado encontrará casi imposible la justificación de sanciones criminales –como el propio Scalia avisó- ante estas situaciones. Pero es obvio que Scalia no fue el único en hablar aquel día. “El estado no puede humillar o minusvalorar la existencia de estas personas ni controlar sus destinos convirtiendo en criminal sus conductas sexuales privadas”, escribió el juez Anthony Kennedy como parte relevante de la opinión mayoritaria. Su derecho a la libertad les da pleno derecho a comprometerse en sus conductas sin intervención del gobierno de turno, y al contrario de los “cataclísmicos” vaticinios minoritarios de Scalia, son las palabras de Kennedy las que valen para el Estado de Derecho.