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Por Germán Vargas Farías

“La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo” escribió hace casi dos siglos y medio Cesare Beccaria, notable jurista y humanista italiano, en su libro «Tratado de los delitos y de las penas», texto de imprescindible lectura para estudiantes de Derecho y todos aquellos que se interesan en la justicia penal.

Beccaria sustentó sus ideas en abierta oposición a las nefastas prácticas de la Iglesia a través de la inquisición y al derecho penal de entonces caracterizado por su brutalidad y arbitrariedad. Muchos años después, el espíritu democrático de la obra de Beccaria sigue cuestionando la irracionalidad de tendencias punitivas que atropellan la legitimidad y proporcionalidad del “nuevo” derecho penal, casi siempre permeable a los vaivenes políticos de la época.

Así fue, por ejemplo, durante el fujimorato. La rígida legislación para la lucha contrasubversiva dada desde el golpe del 5 de abril de 1992, no sólo contradijo la Constitución de 1979 violando las garantías del debido proceso, sino que propició la comisión de abusos diversos que afectaron la vida de miles de personas detenidas injustamente, y que habiendo sido condenadas incluso a cadena perpetua, padecieron largos años de prisión.

Habiendo admitido, en su alegato reciente, que los tribunales sin rostro cometieron  graves errores con severas condenas a inocentes, motivo por el cual los indultó, también ha dicho Fujimori que su estrategia de pacificación fue la correcta y no se arrepiente de haberla llevado adelante. Faltaría espacio para escribir los nombres de  mujeres y varones víctimas de injusta prisión, cuyos dramas provocados por las acciones del ex gobernante aún recuerdo, y éste dice que no se arrepiente.

Ese solo recuerdo podría explicar mis deseos de una sanción severa para Fujimori, pero no se le está juzgando por eso. El ex dictador además de favorecer la detención arbitraria de miles de personas en el país, tuvo responsabilidad en la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, así como en la masacre de 15 personas en Barrios Altos. Por esos crímenes se le ha procesado con las garantías que corresponden a toda persona, derechos que él no supo respetar durante su gobierno.

En vísperas de dictarse la sentencia en el juicio seguido a Fujimori evoco las lecciones de Beccaria, y tomando toda la distancia posible de las medidas primitivas que  en materia penal caracterizaron la dictadura de la década de los noventa, expreso mi esperanza en que el tribunal que tan limpia y escrupulosamente ha conducido este histórico proceso, corone su gestión con una sanción justa, que siente un precedente,  para que nadie se atreva nunca a perpetrar actos de barbarie.