1
Compartir

Por Samuel Abad Yupanqui, especialista en Derecho Constitucional

Uno de los principales enemigos de nuestro país es el narcoterrorismo, instalado desde hace años en la zona del VRAE. Sin embargo, hechos recientes demostrarían una gran indiferencia respecto de los derechos de nuestros reclutas, quienes estarían sirviendo incluso siendo menores de edad. Se sigue olvidando que quienes prestan el servicio militar sí tienen derechos.

En enero del 2000, la Ley 27178 introdujo el servicio voluntario, a fin de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales integradas por personas con vocación. Se abandonó así el modelo obligatorio que fomentaba la práctica de las levas y que solo era “obligatorio” para los jóvenes de escasos recursos. Además, se dispuso que el servicio se prestaría a partir de los 18 años, dejando atrás una norma que permitía a los menores —a partir de los 16— hacerlo con permiso de sus padres. Dicha norma tampoco se cumplió, pues durante el conflicto con el Ecuador falleció un cabo de 15 años —conocido como “niño héroe”—, sin que se sancionara al responsable de su ilegal reclutamiento.

Hoy se repite la historia. Se ha hecho pública la partida del menor, nacido el 19 de junio de 1991, quien fue reclutado a los 16 años y a quien se envió a la zona del VRAE. Suele decirse que el Ejército requiere más personal. Eso es cierto, pero también lo es que siguen existiendo maltratos y reclutamientos ilegales. Basta recordar la denuncia de una valiente recluta, violada en un cuartel, que recibió la orden de actuar como anfitriona en un almuerzo al que asistían oficiales del Ejército (El Comercio, 17-09-2008).

¿Es posible enviar personal del servicio militar a patrullar una zona tan violenta como el VRAE? ¿No estamos acaso ante una manifiesta amenaza a sus derechos a la vida e integridad? Hace años el debate se presentó en Colombia cuando los padres de quienes prestaban el servicio militar acudieron al Tribunal Constitucional (TC), pues sus hijos, algunos menores de edad, habían sido trasladados a zonas afectadas por enfrentamientos entre la fuerza pública y la subversión. El TC colombiano consideró que no era admisible que se asigne precisamente a los menos preparados, la responsabilidad más grave. Agregó que se atenta contra el derecho a la vida de quienes prestan el servicio cuando se envía a “menores de edad a zonas donde se pueden estar presentando combates” o cuando se envía a tales zonas a “mayores de edad, sin la preparación militar, técnica y psicológica suficiente”. (Sentencia SU 200/97).

¿Qué hacer ante esta situación? Por un lado, es indispensable la decisión política de enviar a profesionales debidamente preparados a zonas tan difíciles. Esa no es la función del servicio militar. Si ello exige un incremento de personal del Ejército, habrá que hacerlo. De otro lado, es fundamental exigir y comprobar que no haya menores de edad prestando el servicio militar ni en el VRAE ni en ninguna parte del país. Lamentablemente, diversas denuncias indicarían lo contrario. Finalmente, se debe determinar responsabilidades por las infracciones cometidas. Volver al servicio obligatorio no es la solución, pues como lo decía un ex ministro de Defensa: “Solo los sectores populares y campesinos cumplen este mandato legal”; es decir, era discriminatorio.

La reciente muerte del joven recluta reclama determinar responsabilidades políticas, pero también penales, pues el reclutamiento ilegal es un delito. Confiamos en que las autoridades responsables actuarán y sancionarán este hecho teniendo presente que quienes prestan el servicio militar sí tienen derechos.

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/reclutas-vrae/20090421/276057