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El representante del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), Michael Reed, señaló a INFOREGIÓN que la sentencia condenatoria de 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori “es contundente y ha equiparado los delitos cometidos acá a crímenes de lesa humanidad”.

Así, Reed, quien siguió el caso de Fujimori desde el 2007 y estuvo presente en todas las audiencias, señaló que el tribunal estableció la responsabilidad del ex Jefe de Estado por autoría mediata, “entendiendo que hizo y dejó de hacer cosas frente a la masacre de Barrios Altos y las desapariciones de la Cantuta. El ex mandatario contribuyó al ocultamiento efectivo y a la impunidad de esos delitos”.

En ese marco, destacó que “el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema es extraordinario y la sentencia en sentido condenatorio con sustento probatorio y en claro uso de la dogmática penal es además un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina y en todo el mundo”.

El también director del ICTJ en Colombia felicitó que el régimen peruano permita el recurso de nulidad presentado por Fujimori. “Es un recurso propio del debido proceso y que le asiste a cualquier persona que es sometido a condena”, dijo, lo cual reafirma que nuestro aparato de justicia cumple con los estándares del debido proceso.

Sin embargo, hizo votos para que el descontento del fallo sea apelado por las formas del estado de derecho. De esta manera, el debate judicial continuará y el tribunal de apelación tendrá que examinarlo en un procedimiento muy distinto, sin reabrir el juicio.

Por otro lado, resaltó que este caso es inusual en el mundo pues son muy pocos los jefes de Estado que han sido juzgados por delitos de corrupción o de derechos humanos. Así, desde 1990 a la fecha, sólo 67 jefes de Estado en todo el mundo han sido procesados, de los cuales el 44% se han dado en América Latina.

De esos 67 casos, el 46% llegó a juicio y apenas el 17% ha sido sentenciado. En el caso de Fujimori, destaca que éste haya sido sentenciado por el poder judicial nacional, aplicando las leyes peruanas.

Vía: www.inforegion.com.pe

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