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Una ONG colombiana informa también de la existencia de más de 1.500 casos de ejecuciones sin denunciar
Unos 436 militares se encuentran detenidos en Colombia dentro de los procesos abiertos por la ejecución extrajudicial de civiles que fueron definidos como «rebeldes muertos en combate», han dicho hoy activistas de derechos humanos. Estas detenciones se realizaron siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General, entidad que investiga 1.666 denuncias de este tipo de crímenes.

Sin embargo, los datos muestran que existen «más de 1.500 casos (de ejecuciones) aún sin denunciar», ha asegurado hoy en Bogotá el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH).

Esta ONG, creada en 1999 para proteger a líderes y procesos sociales en todo el país, recordó que, además de los detenidos, tres generales colombianos han sido destituidos por este escándalo de las ejecuciones, conocidas como «falsos positivos». Se presentaban como muertes de supuestos rebeldes y así obtenían beneficios de sus superiores por los resultados conseguidos.

El escándalo estalló a finales del año pasado tras el hallazgo, en cementerios del noreste del país, de los cadáveres de 11 jóvenes dados como desaparecidos en Soacha, localidad vecina a Bogotá.

Las víctimas fueron sepultadas sin identificar y el caso dio lugar a varios procesos judiciales con los que la fiscalía vinculó a casi medio centenar de militares, 12 de los cuales han sido enviados a prisión.
La organización responde así a unas declaraciones del presidente colombiano, Álvaro Uribe, que dijo que muchos de los casos denunciados como «falsos positivos» son «falsas denuncias» de abogados remunerados por ONG internacionales