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Nota de prensa

Un equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos comprobó circunstancias preocupantes sobre la forma en que 23 estudiantes fueron detenidos el 6 de mayo, en horas de la madrugada, en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, varios de los cuales fueron duramente golpeados. Por otro lado la detención de gran número de ellos se produjo en la residencia estudiantil y no en el lugar donde un grupo de estudiantes había efectuado la toma del rectorado y la retención de algunos miembros del personal de la universidad durante algunas horas.

El mismo equipo de la Coordinadora pudo comprobar que, entre las personas detenidas, había dos alumnas en ropa de dormir, dos estudiantes invidentes y un adolescente de 15 años de edad. El trato policial hacia los estudiantes, ya en la sede policial de la División de Seguridad de Estado de la Policía Nacional, en el distrito de Pueblo Libre, fue adecuado y con arreglo a ley. En este lugar comprobamos que la estudiante Diana Matamoros tenía un hematoma de más de 20 centímetros en la pierna, que le impedía apoyarla y caminar, producto de un fuerte golpe, según constatación del examen médico. También el estudiante Enzo Velasco Herrera presentaba un corte en la cabeza, y el estudiante Jesús Chumpitaz tenía una contusión e hinchazón en el codo derecho y no podía escuchar bien por uno de los oídos.

La Coordinadora deja en claro que no avala ninguna acción de protesta que implique toma de locales, retención de personas o cualquier otra forma de violencia o violación de la ley. Por otro lado, más allá de que algunas de las personas detenidas podrían haber participado en la toma del rectorado, consideramos que los métodos de contención y detención por parte de la policía deben ser racionales tanto en la forma de la intervención como en la identificación de las personas que se detenga. Es evidente que, si se trataba de la toma del local del rectorado, no había razón para que los efectivos policiales ingresaran a la residencia de estudiantes para detenerles de forma violenta.

Exhortamos al Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a llevar a cabo la investigación de este hecho para determinar responsabilidades. Del mismo modo, exigimos que las medidas de control de situaciones de conflicto se efectúen atendiendo estrictamente a las normas legales y con un uso adecuado y en ningún caso excesivo de la fuerza.

Lima, 8 de mayo de 2009

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