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Mariclaire Acosta, directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional, publicò en el Suplemento Enfoque del Diario Reforma, Mèxico, el siguiente e interesante comentario sobre el proceso a Alberto Fujimori.

La sentencia de 25 años de prisión contra el ex Presidente peruano deja enormes lecciones a toda América Latina

Ciudad de México (26 abril 2009).- Las reacciones airadas de la familia y los partidarios del ex presidente peruano Alberto Fujimori no pudieron evitar el consenso de la sociedad peruana y de los observadores internacionales: la drástica condena a 25 años de cárcel impuesta al ex mandatario se ajusta a un impecable razonamiento jurídico y es el resultado de un proceso cuya probidad fue reconocida por todas las partes. Por esas razones, la sentencia dictada en Lima el pasado 7 de abril debe ser examinada cuidadosamente en todo el hemisferio.

Durante 15 meses y en más de 160 sesiones, un tribunal integrado por tres de los más brillantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Perú examinó cientos de testimonios y documentos, recibió todos los elementos de cargo y de descargo y analizó con minuciosidad de relojero el contexto en el que se le atribuía a Fujimori la comisión, como autor mediato, de graves crímenes contra los derechos humanos. Nada menos que el asesinato a mansalva de 15 personas en el centro de Lima y la desaparición y posterior ejecución de 10 miembros de la universidad La Cantuta.

Estos crímenes, naturalmente, no fueron cometidos de la directa mano del ex dictador. Fueron perpetrados por un grupo operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército, denominado “Colina”, cuyos integrantes son procesados por otros 50 crímenes cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Paradojas del destino: la misma teoría que permitió a la justicia condenar a cadena perpetua a Abimael Guzmán y a la cúpula senderista, fue aplicada al ex Presidente que los combatió mediante tácticas que rebajaron al Estado peruano a niveles éticos cuestionables.

De acuerdo con la sentencia del tribunal, que es materia de apelación ante una segunda sala de la misma Corte Suprema, Fujimori cobijó en las alturas del poder a los integrantes de este escuadrón de la muerte. Lo hizo mediante condecoraciones y ascensos, a través del uso indiscriminado de los recursos del Estado y de la acción directa de su asesor personal –Vladimiro Montesinos– y, finalmente, les concedió una vergonzosa ley de amnistía que en 1995 pretendió borrar de la memoria todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el Perú. Felizmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló seis años después esa ley y abrió las puertas para el procesamiento de cientos de casos que habían quedado enterrados en el olvido.

La sentencia envía un poderoso mensaje a la comunidad internacional. En Lima quedó claro que la impunidad puede y debe ser vencida con las armas de la ley y por la acción de los tribunales. Más importante aún: que la justicia nacional debe ser el primer y principal recurso para derrotar la negación de las atrocidades y contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestros pueblos. La sentencia peruana fue posible por la esforzada labor de la justicia. Pero ésta no hubiera llegado si los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil del Perú no hubieran sostenido una titánica y muchas veces incomprendida labor, denunciando los hechos y exigiendo justicia.

La histórica decisión tampoco hubiera sido posible sin el inmenso trabajo desplegado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en el año 2003 entregó un prolijo informe final, en el que describía con crudeza la historia de la violencia –iniciada por el terrorismo demencial de Sendero Luminoso– y que dejó más de 69 mil muertos y desaparecidos, la mayor parte de ellos campesinos pobres de los Andes peruanos. La sentencia contra Fujimori se basa en dicho informe, pero también incorpora otros elementos importantes, como la información contenida en documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Para América Latina, la experiencia peruana nos deja un sabor de esperanza. Son muchos, demasiados, los casos de altos funcionarios que han quedado en la impunidad y el olvido y miles las víctimas que siguen clamando justicia y verdad. La Corte Suprema de este hermano país nos deja una lección jurídica y moral que es tiempo de atender en otros países.

Fuente: Diario Reforma (México)

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