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La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza la declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Echarate y Kimbiri, región Cusco; Sepahua, región Ucayali; Napo, Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche región Loreto; e Imaza, región Amazonas por ser esta una medida extrema, desproporcionada y autoritaria frente a una protesta legítima que vienen realizando centenares de comunidades indígenas amazónicas para pedir la derogatoria de los Decretos Legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y 1089, así como la Ley de Recursos Hídricos en aquellos artículos que les afectan. 

La Constitución Política del Estado señala en su artículo 137, que el Estado de Emergencia solo se puede declarar cuando peligre el orden interno, haya catástrofes o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. El Decreto Supremo N° 027-2009-PCM que declara el Estado de Emergencia intenta justificar esta medida de excepción al señalar de manera vaga la existencia de «personas no identificadas» que amenazan con ejecutar actos de fuerza que paralicen las labores de exploración petrolera o ante la supuesta presencia de agentes que vienen  ejerciendo «medidas de fuerza», información que, según señala el mismo Decreto, es emitida por una parte interesada del conflicto como son las empresas petroleras, que además no operan en la mayoría de distritos donde esta medida de fuerza ha sido declarada.

APRODEH expresa su preocupación porque a más de un mes de iniciada la protesta indígena, lejos de generarse espacios de diálogo efectivos con el gobierno, se emiten decretos de excepción. También lamenta las expresiones del primer ministro, Yehude Simon, quien en una emisora radial afirmó que el gobierno si quería podía «aplastar» esta protesta.  

APRODEH considera que el Convenio 169 de la OIT obliga a las autoridades peruanas a consultar con los pueblos indígenas las medidas que les afectan, lo cual no ha sido realizado cuando fueron promulgados los mencionados Decretos Legislativos y la Ley de Recursos Hídricos. Por lo tanto, APRODEH se une al llamado de los Obispos amazónicos, que también han solicitado que dichas normas sean derogadas.

APRODEH reitera el legítimo derecho que tiene la población de ejercer sus derechos a la reunión pública y a la expresión en la exigencia de sus demandas, derechos humanos, amparados por la Constitución y otros instrumentos internacionales, que el gobierno no solo está en la obligación de respetar sino de proteger.