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Por: Jo-Marie Burt

Profesora de ciencia política, George Mason University

El documental El juez y el general narra la historia del juez chileno Juan Guzmán y cómo llegó a procesar al ex dictator chileno, general Augusto Pinochet, por graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar que este instaló y lideró entre 1973 y 1990.

Al inicio del film, el juez Guzmán cuenta que cuando se dio el golpe de Estado en 1973 liderado por Pinochet en contra del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, él y sus amigos celebraron el hecho con champán; para él, Allende y sus propuestas representaban una amenaza para la sociedad chilena, y sentía que un gobierno militar podría reponer el orden social que, estimaba, Chile necesitaba.

Cuando, casi veinticinco años después, siendo juez le tocó asumir el primer caso de violación de los derechos humanos en el que Pinochet fue acusado de ser el responsable intelectual, Guzmán narra que varias personalidades de la derecha chilena se mostraron satisfechas, convencidas de que, con un juez conservador como él a cargo, no habría mayor peligro de que la causa contra Pinochet tuviera mayor trascendencia.

En el trascurso de su investigación, sin embargo, algo cambió. «No cambié en mi interior, en mi modo de ver y pensar sobre el mundo», explicó el juez Guzmán. «Lo que cambió fue mi percepción sobre los crímenes perpetrados durante la dictadura militar, y sobre quien era el responsable: el general Pinochet».
 
Eso, según el juez Guzmán, es lo importante de un juicio: a través de un proceso imparcial y justo, y vía una rigurosa revisión de hechos e indicios, un juicio puede establecer lo que el juez Guzmán llama «la verdad jurídica» sobre qué pasó, por qué pasó, y quién es el responsable. La verdad jurídica tiene la capacidad de trasformar cómo se perciben tanto los hechos como las acciones de la(s) persona(s) bajo juzgamiento.

Ese cambio llevó al juez Guzmán a procesar a Pinochet tres veces. Llegó incluso a interrogarlo pero murió antes de ser juzgado, en diciembre de 2006. Sin embargo, los procesos judiciales en su contra demostraron al país y al mundo entero las dimensiones de las atrocidades cometidas durante su régimen. Fue un golpe medular al muro de impunidad que protegía a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Chile. Hoy en día, hay más de 600 juicios por casos de violaciones de los derechos humanos en Chile en curso, y más de 250 oficiales policiales y militares han sido condenados.

Este pequeño relato sobre el juez Guzmán puede ayudar a reflexionar sobre el fallo condenatorio y unánime que emitió, el 7 de abril, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana en contra de otro ex jefe de Estado acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos: Alberto Fujimori.

Fujimori ha sido hallado culpable como autor mediato en los cuatro casos de violaciones de los derechos humanos por los cuales fue extraditado y ha sido juzgado: la masacre de Barrios Altos (noviembre de 1991), donde murieron 15 personas, incluso 1 niño de 8 años; la masacre de La Cantuta (junio de 1992), donde fueron secuestrados y luego asesinados, probablemente luego de ser torturados, 9 estudiantes y 1 profesor; y los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el golpe de Estado perpetrado por Fujimori el 5 de abril de 1992 con el apoyo de las fuerzas armadas (abril y julio de 1992, respectivamente).  El tribunal lo sentenció a la pena máxima de veinticinco años de prisión y ordenó una serie de medidas de reparación a las víctimas y sus familiares.  A su vez, la sentencia establece que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y, por tanto, no se puede aplicar ni la amnistía ni el indulto.

¿Qué significa esa sentencia para el Perú? Ya han comenzado las reflexiones y, seguramente, será largamente debatida en los meses que vienen, tanto por sus implicancias jurídicas como políticas. A pocos días de haberse concluido el juicio a Fujimori, me parece evidente que el fallo establece ciertas «verdades jurídicas» que ahora constituyen parte del récord legal e histórico. ¿Cuáles son esas «verdades jurídicas»?

El fallo del tribunal establece que Fujimori, poco después de asumir el poder, creó, junto con su principal asesor, Vladimiro Montesinos, una estructura de poder cuya misión fue combatir la subversión eliminando a personas sospechosas de ser miembros de Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El fallo establece que Fujimori delegó poder a Montesinos, su principal asesor en temas de terrorismo, narcotráfico, y seguridad nacional, y quien se convirtió en el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para poner en funcionamiento este aparato de poder, lo cual luego devino en la creación del Destacamento Colina, autor material de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El fallo establece que el general Nicolás Hermoza Ríos también formó parte de esa estructura de poder y participó, junto con Fujimori y Montesinos, en la toma de decisión de eliminar presuntos terroristas; pero que el gestor y conductor de ello fue Alberto Fujimori. También establece que Fujimori siempre protegió a Montesinos y Hermoza Ríos, así como a los autores materiales de estos horrendos crímenes.

El tribunal reconoce en su fallo una serie de otros crímenes perpetrados por el Destacamento Colina, lo cual pone en un contexto mayor las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Reconoce por lo menos 35 asesinatos extrajudiciales más cometidos por el Destacamento Colina: la masacre de campesinos del Santa (10 personas); el asesinato de la Familia Ventocilla (6 personas); asesinatos en la comunidad de Pativilca (6 personas); y los asesinatos de Pedro Yauri y de 2 personas aún no identificadas en la Carretera Central y en Pamplona Alta.

Eso lleva a los magistrados a reconocer en su fallo que los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta responden a una política de Estado que se manifiesta en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Para llegar a tal conclusión, los jueces resaltan el fundamental aporte del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que establece fidedignamente el contexto mayor en el cual se dan estos crímenes.

A su vez, es importante destacar que el día de la lectura de la sentencia, cuando los ojos del país -y del mundo entero- estaban viendo el juicio, el tribunal hizo una exposición sumamente didáctica que explicaba, de manera clara y directa, el razonamiento que hay detrás del fallo. No cayeron en legalismos ni en abstracciones, sino que explicaron cómo llegaron a la conclusión condenatoria. A su vez, explicaron con mucho detalle por qué los argumentos de la defensa no fueron convincentes sino abiertamente incoherentes.

La Sala Penal Nacional establece, vía su fallo condenatorio, la verdad jurídica sobre la responsabilidad penal de Fujimori en la comisión de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y en el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Cuando el juez chileno Juan Guzmán dice que el proceso que llevó contra Pinochet cambió su percepción sobre el pasado —dice que «abrió los ojos de mi alma» — está afirmando que la verdad jurídica tiene una capacidad trasformadora, tal vez inesperada. Permite entender la magnitud de los crímenes cometidos; reconoce el daño causado a las víctimas y sus familias, pero también el temor que generaron estas prácticas entre la sociedad entera; y va destejiendo los argumentos del autoritarismo sobre la necesidad de la violencia, el asesinato y la tortura para hacer frente a amenazas a la sociedad como Sendero Luminoso. En el caso del juicio a Fujimori, nos encontramos ante una oportunidad de reevaluar —como lo hizo el juez Guzmán cuando investigaba los crímenes de Pinochet— nuestra percepción sobre el pasado y sobre el actuar de Fujimori y de todos aquellos que apoyaron dicho régimen.

El fallo será analizado con mayor detenimiento en los meses que vienen. Pero establece hechos incontrovertibles —verdades jurídicas— que nadie puede negar. No es posible ya negar que el Estado peruano fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos en el Perú. No es posible negar que Fujimori es el responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. No es posible negar que utilizó todos los poderes del Estado para encubrir los crímenes y proteger a Montesinos, Hermoza Ríos, y los autores materiales de los asesinatos. Y no es posible negar que durante años las víctimas y sus familiares fueron estigmatizados erróneamente con el título de «terroristas», justamente, para deslegitimar sus denuncias e infundir el miedo en la sociedad en su conjunto.

El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Louis Brandeis, habría dicho que «la luz del sol es el mejor desinfectante». El proceso judicial que acaba de concluirse en el caso del ex presidente Alberto Fujimori ha hecho brillar la luz del sol sobre los crímenes más horrendos y oscuros cometidos durante su régimen. La condena máxima de veinticinco años para quien es el máximo responsable de tales crímenes constituye un hito en la lucha contra la impunidad no solo en el Perú sino en el mundo entero.

Artículo publicado en la Revista Memoria Nº5 2009