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Nuevamente se pone en evidencia la disímil manera de proceder del Ministerio Público y del Poder Judicial ante graves casos de corrupción. Así, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha tenido que invocar a los jueces a que aceleren las investigaciones en el escándalo del “chuponeo” telefónico, especialmente el de la empresa Business Track, para evitar especulaciones que pueden dañar aun más al sistema judicial tan desprestigiado.

En verdad, como conoce la opinión pública, el equipo de fiscales ha tenido una posición firme, perseverante y dinámica para descubrir los tentáculos de esta mafia, lo cual contrasta con la enervante y sospechosa lentitud de los jueces. Y hasta ahora, pasado medio año del escándalo de los “petroaudios”, es muy poco lo que se ha avanzado.

En esta coyuntura, hay que reiterar a las autoridades judiciales la grave responsabilidad que les corresponde en la lucha anticorrupción. Si no aclaran pronto este caso, en el que las evidencias son numerosas y consistentes, para deslindar responsabilidades e impartir justicia, se estaría dando una pésima señal a la ciudadanía.

En cuanto la fiscalía, hay que reconocer su ardua labor, a pesar de las carencias de personal y de otros recursos.

Como señaló esta semana la doctora Echaíz, al conmemorar su primer año de gestión y los 28 años de creación de la entidad, los 2.828 fiscales que actualmente se desempeñan en el país son insuficientes para atender a la creciente población, lo que demanda una revisión de metas y recursos, para ampliar dicho número.

En tan difícil coyuntura, Echaíz ha remarcado que seguirá trabajando con su equipo para convertir el Ministerio Público “en una institución fuerte, confiable y eficiente se convertirá en un dique que impedirá la contaminación del país con los flagelos sociales, la inseguridad y la corrupción”. El país le toma la palabra.

Efectivamente, el papel de la fiscalía es fundamental en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Por lo mismo, es importante que se continúe con los programas de atención al usuario, para que se puedan canalizar debidamente las denuncias. Según ha informado también Echaíz, en el último año se ha avanzado en la lucha contra las mafias de la droga y se ha investigado a seis mil funcionarios por corrupción, todo lo cual debe ser informado a la ciudadanía.

En suma, se está avanzando notablemente en la tarea fiscal, pero es evidente que aún queda mucho por hacer, sobre todo para ampliar el número de fiscales, con una selección rigurosa, así como en el mejoramiento de los mecanismos de control y sanción para quienes actúen de modo indebido dentro y fuera de la institución.

Finalmente, debe quedar claro que el Ministerio Público es solo un pilar del sistema de administración de justicia que no puede actuar solo. Necesita, complementariamente, una actuación equivalente y eficiente del Poder Judicial para lograr cumplir objetivos y resultados. Allí está la deuda pendiente de ambas entidades para mejorar la administración de justicia y desterrar las lacras de la corrupción y la criminalidad común.

Fuente: Editorial diario El Comercio