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Por Gustavo Oré Aguilar – CNDDHH (*)

Los sangrientos y dolorosos días que Perú ha vivido a principios de este mes- que han cristalizado en el choque entre fuerzas policiales y grupos indígenas en la zona amazónica de Bagua- parecen encontrar una tregua. Los discursos se van amainando y al parecer en esta semana se podría ver la luz al final del túnel, cuando se deroguen las normas que demandan las comunidades indígenas. Treinta y cuatro muertos mediante, los actores enfrentados se han sentado a conversar en serio y el gobierno ha cedido en su bravucona actitud inicial, mientras que los pueblos indígenas van ganando un lugar en la política. En poco tiempo, estos últimos han pasado de ser casi invisibles a convertirse en actores cruciales de la vida nacional, sacando a la luz algunas sombras de este conflicto que conviene comentar.

A las pocas horas de haberse producido el enfrentamiento violento, apreciamos una escena en una entrevista de televisión, en la que una mujer indígena aguaruna (nombre de la etnia que protagonizó estos hechos) se encuentra junto al hermano de un policía asesinado en la reyerta. “Nos hemos asesinado entre peruanos” se dicen mutuamente, mientras se enlazan en un abrazo fraternal. Al tiempo, ambos culpan al gobierno por haberlos puesto en esa situación.

Los agentes de la policía, se diferenciaban de sus “enemigos” en el uniforme y las armas que portaban; por lo demás, eran personas empujadas a un conflicto que no buscaron. Los unos, hombres uniformados con rasgos indígenas andinos o amazónicos, que viven con un ingreso promedio de unos 200 euros mensuales. Los otros, indígenas obligados a salir de sus comunidades para tomar una carretera y protestar por no ser consultados en las decisiones gubernamentales que atañan a la explotación de sus tierras y recursos y que viven en la pobreza (y no en vías de desarrollo, de acuerdo a sus percepciones culturales, por mucho que así los califiquen analistas del sur y norte).

¿Qué fue lo que realmente causó este conflicto? La causa principal fue la decisión del gobierno de parcelar la selva peruana y facilitar la inversión extranjera con leyes que dio el Poder Ejecutivo- haciendo uso de las facultades extraordinarias para legislar otorgadas por el Parlamento el año pasado-, sin consultar a los pueblos indígenas amazónicos- tal como lo señalan los instrumentos internacionales y la propia Constitución peruana-, a lo que se añade una pésima gestión de la situación por parte de los líderes de la oposición y del sector oficialista. Pero, desde nuestro punto de vista, hay tres componentes que cruzan transversalmente a estas causas económicas y políticas: la discriminación, el interés de las transnacionales y, probablemente, la corrupción.

Hablamos de discriminación por la forma en que fue enfocado el conflicto por parte del gobierno y muchos medios de comunicación respecto a las demandas indígenas (a quienes les asiste la razón y el derecho en sus reclamos). Nos remitimos a las declaraciones del Presidente de la República, en las que aclara que “ya está bueno, estas personas no son ciudadanos de primera clase y siendo 400.000, no le pueden decir a 28 millones de peruanos que no tienen derecho de ir por sus tierras”. Julio Cotler, connotado historiador peruano, ha sostenido que lo que buscan quienes protestan no es únicamente recursos o respeto por su tierra, sino reconocimiento, eso que se llama ciudadanía y que se traduce finalmente en respeto para todas y todos.

Sobre el interés de las transnacionales, aunque el gobierno ha dicho que su único afán es el progreso del país y particularmente el de la selva, lo cierto es que si logra seguir adelante con su proyecto terminará recibiendo un 30% del valor de la producción de las 9 petroleras que operan en las zonas aledañas a los territorios de las comunidades indígenas Aguaruna-Huambisa y Achuar. Son empresas a las que ya se les ha cedido 11 lotes- de ellos 6 por el gobierno de Alán García- para operaciones de exploración y explotación; lo que ha generado, entre otras consecuencias confirmadas científicamente, la contaminación de ríos.

En abril de 2009, en pleno conflicto en la zona, García suscribió un contrato con Olympic Perú, sucursal de la matriz estadounidense, para que ésta se hiciera con un lote de 500.000 hectáreas, en un terreno ubicado en la cuenca del Bagua, donde justamente habitan comunidades indígenas aguarunas. Igualmente se encuentra operando en otras zonas de la amazonía la canadiense Talismán Energy, ya desde 2007. En septiembre de 2006, el gobierno también otorgó un contrato de exploración y explotación a la francesa Hocol en una zona donde habitan las comunidades Aguaruna-Huambisa. Por su parte, la estadounidense Hunt Oil está ubicada desde 2007 en el río Corrientes, donde se concentra la mayor parte de las comunidades Achuar. La española Repsol Exploración explora, desde diciembre de 2006, un lote ubicado debajo de comunidades aguarunas (en marzo de 2008, nativos de la zona expulsaron a trabajadores de esta empresa).

Respecto a la corrupción, no es descabellado sostener la hipótesis de que la gran corrupción internacional esté igualmente detrás de este conflicto. Basta recordar que en septiembre de 2008, Perupetro- la empresa estatal encargada de promover las inversiones en exploración y explotación de los hidrocarburos peruanos- otorgó al consorcio hindú Jindal Steel & Power Limited-Enigma Oil & Gas el lote 147, ubicado dentro de la cuenca del río Morona, donde se encuentran agrupadas en comunidades los indígenas Achuar. El otorgamiento de este lote fue suspendido un mes después por el gobierno, así como los demás entregados entonces, después de que se revelara el favorecimiento indebido de funcionarios a la firma noruega Discover Petroleum, lo que originó la renuncia del gabinete ministerial en pleno. Hablamos, en definitiva, del mayor escándalo de corrupción- con una investigación todavía en marcha a día de hoy- de este gobierno.

Es evidente que de los 34 fallecidos hasta ahora, entre policías e indígenas, ninguno iba a beneficiarse de las millonarias utilidades que generan estas transnacionales. La idea maniquea del desarrollo económico como muy positivo y de todo lo que a ello se oponga como retrógrado y salvaje, es propia de ideologías y prácticas delicuescentes que no escuchan lo que personas diferentes, de culturas diferentes puedan pensar, sentir y decir. Esta forma de pensar es lo que realmente nos pone en vías de desarrollo como humanidad, cuando el racismo y la discriminación en general son hábilmente aprovechados por intereses económicos no necesariamente altruistas. Finalmente, quienes quedan atrapados en medio son los de siempre; en este caso les tocó a los indígenas peruanos.

(*) Artículo publicado por IECAH (http://www.iecah.org)

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