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Ante los terribles hechos ocurridos desde la madrugada del 5 de junio en la provincia de Bagua, los suscritos expresamos nuestro profundo pesar y nos unimos al luto nacional por la muerte de decenas de compatriotas en circunstancias de violencia. Nos solidarizamos con los familiares de todas las víctimas: ciudadanos y policías, enfrentados en una violencia fratricida como resultado de malas decisiones políticas.

Expresamos nuestra profunda indignación por el empleo de la violencia, venga de donde venga. Repudiamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil, y con el mismo rigor condenamos la agresión y secuestro de policías por parte de los sectores que protestan. Es inadmisible el asesinato de policías. Es igualmente inadmisible actuar contra la población civil con armas de fuego. Ambas son conductas reiteradas que hemos venido condenando y denunciando, sin obtener una adecuada reacción estatal y que, en este caso, han terminado segando la vida de decenas de compatriotas.

Denunciamos la conducta negligente de las autoridades nacionales para resolver un conflicto social que viene durando más de 50 días hasta llegar a este trágico desenlace. En efecto, hace más de un año las comunidades nativas vienen exigiendo la derogación de un conjunto de decretos legislativos que afectan sus legítimos derechos y que son inconstitucionales y violatorios de normas internacionales por haberse aprobado sin cumplir con el proceso de consulta a las comunidades nativas, tal como lo ha señalado claramente la Defensoría del Pueblo.

Por ello condenamos la falta de voluntad política, la indiferencia y la falta de transparencia de las autoridades, que ha terminado por colocar en situación de riesgo mortal, con su inacción y su mala gestión en el manejo del conflicto, tanto a la población civil de la ciudad de Bagua, a los nativos awajún que ejercían su derecho a la protesta, como a los efectivos policiales destacados en la zona.

En este momento de emergencia, pedimos con la mayor urgencia al Gobierno tomar acciones inmediatas para dar información oficial del número de víctimas civiles, que hasta el momento son inciertas; precisar la relación de detenidos, heridos y fallecidos; así como proceder a la identificación y entrega de los fallecidos a sus familiares. Así mismo, es urgente dar la seguridad necesaria para la acción de los organismos de acción humanitaria, de las Iglesias, de las propias autoridades y de la sociedad civil.

Invocamos urgentemente a todas las partes en el conflicto a cesar de inmediato toda forma de violencia y a restablecer el diálogo como único mecanismo legítimo para dar solución a los problemas en democracia. Así mismo, rechazamos el recurso a la represión como medio para enfrentar los conflictos sociales. El control de la violencia y el restablecimiento del orden público se deben realizar con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos.
Invocamos a la serenidad a los líderes indígenas, a la población en general y a las autoridades. Todos tenemos el deber de respetar la vida. Nadie puede atentar contra la vida de los policías que cumplen servicios en la zona, y de encontrarse aún retenidos, deben ser puestos en libertad y sus vidas deben ser respetadas. Por su parte, la policía no puede disparar indiscriminadamente contra los nativos o cualquier otro ciudadano que proteste. El Gobierno y el Congreso deben asumir la responsabilidad que hasta el momento han eludido con el resultado trágico que ahora lamentamos.

Lima, 7 de junio de 2009

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo

Adherentes: Red Muqui, Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Instituto del Bien Común, Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, Instituto Natura, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, Red Peruana para una Globalización con Equidad, siguen firmas…

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