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Además del Ejecutivo, otras instituciones expresaron su rechazo por la existencia de niños armados dentro de la agrupación senderista que controla aún parte de la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)  exhortó más bien a las autoridades a hacer a un lado “la politiquería y a actuar para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia terrorista”.

La CNDDHH dijo que desde hace tiempo puso en conocimiento de las autoridades del empleo de menores en acciones armadas sin que estas tomen medidas eficaces.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo mostró también su preocupación por la situación de los menores reclutados, pues constituye una grave violación a los derechos humanos. Prometieron que recabarán información que permita contribuir a la formulación de medidas para lograr la recuperación y plena integración social de cada uno de los niños reclutados.

Fuente: La República