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Este año se cumplen 30 años de la promulgación de la ley de amnistía en Brasil, el gran debate es cómo lograr que esta ley no siga obstaculizando las investigaciones por derechos humanos de la época de la dictadura y que no sea una cortina para la impunidad. Foto: ICTJ Américas
Este año se cumplen 30 años de la promulgación de la ley de amnistía en Brasil, el gran debate es cómo lograr que esta ley no siga obstaculizando las investigaciones por derechos humanos de la época de la dictadura y que no sea una cortina para la impunidad. Foto: ICTJ Américas

Un proyecto de ley que busca desclasificar archivos y permitir un amplio acceso a la información pública es una buena señal para la justicia transicional en este país, 24 años después de la dictadura.

El pasado 12 de mayo, el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en ocasión del lanzamiento de una campaña de acceso a la información pública sobre violaciones a los derechos humanos, reiteró un mensaje ya escuchado y escrito en otras latitudes: “un país que ignora su historia está condenado a repetirla”.

Con estas palabras, Lula marcaba una diferencia con lo que ha sido un tibio vínculo de los gobiernos democráticos brasileños con el pasado difícil que enfrentó dicho país durante su larga dictadura militar (1964-1985). De hecho, Brasil es el único país de América Latina que no ha pasado por un proceso integral de justicia transicional y que se ha negado en reiteradas ocasiones a examinar dicha historia, a establecer la verdad de los hechos, a juzgar a los responsables y a procurar reformas institucionales derivadas de esa experiencia.

La transición brasilera

La historia brasileña en materia de justicia transicional es poco conocida, incluso en América Latina. Entre los años 1945 y 1964, como la mayor parte de los países latinoamericanos, Brasil pasó por un proceso de transformación económica y social. Su rápida industrialización y la adopción de políticas populistas de izquierda caracterizaron a varios de los gobiernos, como los de Gétulio Vargas, Juscelino Kubistchek y Joao Goulart. La Fuerza Armada de Brasil fue adoptando en ese escenario, de manera lenta pero constante, los principios de la doctrina de seguridad nacional, de ingrato recuerdo en los países del Conor Sur de las Américas. El resultado fue el golpe de estado de 1964.

A semejanza de otros países, el golpe militar en Brasil respondió al contexto político de la guerra fría y la división maniquea entre la civilización occidental y cristiana y la “amenaza comunista”. Sin embargo, a diferencia de lo que iba a ocurrir luego en Argentina, Chile y Uruguay, los militares brasileños no reemplazaron a las instituciones de la democracia. En su lugar, escogieron convivir con un inofensivo Congreso y jueces domesticados y gobernar a través de lo que los científicos políticos llamaron una “situación autoritaria”. El régimen militar se endureció progresivamente, particularmente a partir del denominado “acto institución 5” en 1968.

Este acto político abrió las compuertas de una represión política aún mayor y tuvo que ver con la emergencia de pequeños focos guerrilleros en algunas zonas del país y algunos actos espectaculares por ellos producidos, como el secuestro del embajador de los Estados Unidos. En muy breve tiempo, esas guerrillas fueron exterminadas y un informe gubernamental declaró en 2007 que durante dicho período 339 personas fueron asesinadas o desaparecidas en actos ilegales de las fuerzas armadas. Estos números podrían parecer insignificantes frente a la realidad de otros países, pero esconde que miles de brasileños fueron víctimas de torturas, prisión política, exilio forzado, renuncia obligatoria a su trabajo y desarraigo.

La dictadura brasileña termina cediendo ante la transición democrática, pero no de manera radical. De hecho, la transición se produjo luego de protestas sociales por elecciones directas y el primer presidente que ejerce en régimen democrático fue un personaje muy cercano a la ideología dura de los militares. El resultado es un lento e incompleto retiro de las fuerzas militares del poder. La corrupción política y la enorme crisis económica postergan las demandas de las víctimas por la verdad, la justicia y la reparación. De hecho, sólo desde 1995 es que Brasil goza de estabilidad política, consolidada en los últimos años por la administración Lula.

Una de las principales características de la dictadura brasileña fue el establecimiento de un amplio sistema de seguimiento y vigilancia de sus ciudadanos. Miles de personas fueron registradas por los servicios de seguridad e inteligencia y dicho seguimiento sirvió para detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Por ello, un punto central de la justicia transicional en Brasil es la desclasificación de los archivos y el acceso más amplio posible a la información pública. El proyecto de ley presentado por el Gobierno avanza en ese sentido, afirmando que la información de instancias estatales referidas a violaciones de los derechos humanos no puede ser considerada, bajo ninguna circunstancia y sin excepción, secreta o reservada. Sin embargo, el proyecto de ley permite la declaración de “sigilo” de información que comprometa gravemente la seguridad nacional, por lo que está por verse que resulta del debate legislativo de los próximos meses.

Ley de amnistía y persecución penal

En 1979, la dictadura brasilera adoptó una ley de amnistía, cuyo texto está dirigido a reincorporar a la vida política a miles de personas que fueron proscritas y a liberar a los presos políticos del régimen militar. Sin embargo, durante todos estos años la ley de amnistía fue usada para impedir investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en esos años. Esta interpretación no ha sido cuestionada por los tribunales de Brasil. Sin embargo, hay un gran debate político interno que busca, más que la derogatoria o anulación de la ley, que la Corte Suprema de Justicia declare que la amnistía no cobija violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado sino tan sólo los delitos políticos y conexos cometidos por los opositores a la dictadura. La presentación de una demanda contra el estado brasileño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato y desaparición de los integrantes de la Guerrilla de Araguaia es un paso importante para dilucidar el alcance de las obligaciones internacionales de Brasil. La jurisprudencia interamericana ha sido constante al afirmar que las amnistías no pueden ser un obstáculo para investigar y sancionar crímenes contra los derechos humanos. En el plano interno, la Orden de Abogados de Brasil interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra la interpretación extensiva de la ley de amnistía. Estos asuntos, junto con acciones civiles interpuestas por la Procuraduría Federal de Sao Paulo, están pendientes de decisión en el alto tribunal. Finalmente, avanza también en la Corte Suprema un pedido de extradición presentado por Argentina y Uruguay contra un torturador que participó en la operación Cóndor y que supone un interesante debate jurídico sobre la naturaleza permanente del crimen de desaparición forzada.

Reparaciones

En el plano de las reparaciones a las víctimas, dos leyes concurrentes han atendido algunos de los casos. La primera es la ley sobre muertos y desaparecidos, de 1995, que permite la declaración de muerte de un número específico de personas (136) y concede reparaciones individuales a quienes sean declarados como tales. La otra es la ley que crea la Comisión de Amnistía, de 2002, que repara a las víctimas que hayan sufrido pérdidas económicas como consecuencia de actos de la dictadura. Esta segunda ley ha revisado más de 40,000 peticiones. La Comisión, que depende del Ministerio de Justicia, ha incorporado numerosas actividades de sensibilización y educación ciudadana en torno a la memoria de las víctimas, aún cuando el marco legal de sus actividades representa un esfuerzo de reparación y no precisamente de amnistía. Estas campañas incluyen sesiones públicas de la Comisión y un esfuerzo notable por vincular el pasado con los problemas del presente en Brasil.

Es en este marco que el pasado 12 de mayo, Lula anunció el impulso al acceso a la información pública, incluyendo el lanzamiento de la campaña “memorias reveladas”, que integra 36 archivos públicos y privados para difundir la información sobre víctimas y violaciones a los derechos humanos. Junto a ello, el archivo estatal de Sao Paulo ha constituido un importante memorial “de resistencia” y se tienen planes y recursos para construir otro memorial en Belo Horizonte sobre la persecución política.

Perspectivas

Para los estudiosos de la justicia transicional, Brasil ha representado una experiencia de transición incompleta, en donde acuciantes problemas sociales han postergado las demandas de las víctimas de la dictadura. Muchos han argumentado que el bajo número de muertos y desaparecidos de la dictadura brasilera explica la poca atención sobre las posibilidades de mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal, así como sobre la facilidad con que la interpretación extensiva de la ley de amnistía en Brasil ha sido aceptada como parte del sentido común.

Sin embargo, los argumentos cuantitativos son falaces y efímeros. Las permanentes demandas de las víctimas de la dictadura han recibido un impulso importante de sectores académicos e intelectuales en Brasil, que consideran indispensable el establecimiento de una comisión de la verdad. Algunos altos funcionarios del actual gobierno, procuradores y jueces empiezan a considerar la reapertura del pasado, por acto de justicia o como elemento que explica las insuficiencias democráticas del Brasil del presente. El examen al que estará sometido Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una mejor disposición de la Corte Suprema a considerar los temas de verdad, justicia y reparación, permiten abrigar esperanzas respecto a una revisión honesta del pasado. Nuestro Centro estará muy atento a estos desarrollos, en colaboración cercana con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del Brasil.

Fuente: web de ICTJ