A seis años del Informe Final de la CVR

Publicado el 31 agosto 2009 por en Comunicados

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Declaración de la CNDDHH

Hace seis años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó al país su Informe Final, un documento trascendental para entender la violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000. El Informe Final de la CVR señala claramente las responsabilidades de los protagonistas de la violencia, subrayando la responsabilidad central del terrorismo pero sin olvidar la del Estado. Afirma por ello la necesidad de dar paso a la verdad, la justicia y a una política de reparaciones para curar las heridas dejadas por la violencia.

No obstante ello, desde el mismo momento de su presentación, se inició también una campaña sistemática de demolición del Informe Final y de la labor de la CVR por algunos sectores claramente interesados en impedir los procesos de verdad, reparación y justicia. En particular, hay algunos que cuestionan al Informe Final por haberse atrevido a señalar la responsabilidad del Estado y de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en violaciones de derechos humanos, llegando a decir que estas violaciones se produjeron en defensa del Estado y que, por tanto, deberían pasarse por alto.

A los que sostienen esta tesis les decimos que todos los crímenes deben ser investigados y juzgados sin excepción. Celebramos que los terroristas hayan sido juzgados y sentenciados con la severidad establecida por la ley. Esperamos que quienes desde el Estado cometieron atrocidades homologables a las del terrorismo, sean también investigados y procesados, lo cual hasta el momento ha ocurrido sólo excepcionalmente.

Rechazamos firmemente la pretensión inmoral de hacer la vista gorda sobre los crímenes de quienes actuaron desde el Estado. La democracia no puede hacerse cómplice de quienes con esos crímenes no representaron ni defendieron sus valores, y antes bien contribuyeron a deslegitimarla con atrocidades que alimentaron la horrorosa espiral de violencia y el holocausto de innumerables víctimas inocentes.

En estos días se ha procedido al entierro de las víctimas de la comunidad de Putis, en Ayacucho, donde más de 100 campesinos fueron asesinados por efectivos del Ejército en 1984, incluyendo alrededor de 40 niños. Los restos de estos campesinos fueron hallados en enormes fosas comunes hace más de un año. Pese a los avances de la investigación fiscal, el proceso aún no puede formalizarse porque el Ministerio de Defensa se niega a entregar al Ministerio Público información que está en su poder y es necesaria para identificar a los responsables de tan terrible atrocidad.

Así como Putis y Accomarca, como Barrios Altos y La Cantuta, son los casos en que se investiga a militares. No hay aquí persecución alguna sino ejercicio necesario de la justicia, para que los jueces determinen responsabilidades y sanciones en el marco del debido proceso.

Llamamos a la ciudadanía a renovar en este sexto aniversario la mayor adhesión al Informe Final de la CVR y a defenderlo como instrumento de construcción de una sociedad de paz y justicia, que haga posible una vida digna para todos.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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