20 años de una Convención

Publicado el 13 noviembre 2009 por en Opinión

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Por Ronald Gamarra

En semana se cumplirán 20 años desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU. El Perú ratificó la Convención el 3 de agosto de 1990. Esta Convención es el tratado internacional con mayor consenso mundial, pues ha sido ratificada por todos los países del mundo con excepción de dos: Somalia, un país sin Estado, disuelto por una interminable guerra intestina de clanes; y, sorprendentemente, los Estados Unidos. Cabe esperar de la naciente presidencia de Barak Obama enmendar este absurdo.

La Convención sobre los Derechos del Niño significa una profunda evolución en la manera de comprender la convivencia humana, replanteando las relaciones de los adultos con los niños –las dos mitades de la humanidad– sobre la base del reconocimiento de los DDHH y el respeto a la individualidad de todos, adultos y niños, sin excepción.

Hasta la Convención, el Estado y los adultos disponían de los niños; a partir de ella, deben procurar al niño la realización de los derechos que universalmente les reconoce la Convención. Así, de una relación de poder y autoridad en interés del adulto se transita a una relación de responsabilidad y protección en reconocimiento al interés superior del niño para la sociedad.

¿Hemos avanzado en el Perú con respecto a los principios y objetivos planteados por la Convención? Sin duda tenemos importantes avances, sobre todo en lo normativo-institucional y en cuanto a la formulación de políticas. El terreno que permanece abierto, como un desafío que no tolera más retardo para ser enfrentado, es el de la aplicación y realización de políticas, particularmente en los ámbitos de la salud, la educación y la protección contra la pobreza y la violencia. ¿Pero por qué es tan difícil concertar a los políticos para que tomen las decisiones y asignen los recursos que hacen tanta falta?

Se presume que es porque los niños y adolescentes no votan, no son un grupo de presión eficaz, con capacidad de cabildeo y, por tanto, no representan un grupo que interese particularmente a los políticos. Si esto fuera cierto, quedaría demostrada una vez más la cortedad de miras de nuestra clase política. Pues no hay política pública que pueda contar con mayor consenso y atraer sobre sí mayor reconocimiento social que la política por la infancia. Porque todos queremos para nuestros hijos lo mejor que podamos darles.

Publicado en La República 13/11/2009

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