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Después del 11 de septiembre de 2001, las políticas antiterroristas de Estados Unidos autorizaron y promovieron la violación sistemática de los estándares mínimos establecidos en materia de derechos humanos por los sistemas jurídicos nacional e internacional. Los principales responsables de estos crímenes no han sido juzgados.

Un nuevo documento de política del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), titulado Investigando y penalizando los abusos cometidos contra prisioneros en las operaciones antiterroristas de Estados Unidos, resalta que, a la luz del derecho nacional e internacional y en aras de la credibilidad de las nuevas políticas establecidas en ese país, se requiere llevar ante la justicia los abusos criminales cometidos contra prisioneros.

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