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El Consejo de Reparaciones entregó a la CMAN una primera relación nominal de beneficiarios de los Programas de reparaciones en educación y salud. Esta relación permitirá diseñar e implementar el año 2010 ambos programas, tal como ha sido anunciado en diversas oportunidades por autoridades del gobierno.

Para la elaboración de esta relación, el Consejo de Reparaciones ha adoptado un conjunto de criterios que permite garantizar la inclusión y no discriminación de las víctimas, basándose para ello en lo establecido en la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y en las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El Consejo de Reparaciones ha logrado inscribir a la fecha a 65,735 víctimas en el Registro Único de Víctimas. De este universo, se han identificado 36,708 beneficiarios del Programa de reparaciones en educación, considerando a aquellas personas que perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios en cualquier nivel del sistema educativo. Ello incluye a personas en edad escolar que fueron desplazadas, secuestradas, reclutadas forzadamente o detenidas arbitrariamente. También se incluye a menores de edad que integraron los Comités de Autodefensa, y a los hijos en edad escolar de personas muertas o desaparecidas.

Asimismo, se han identificado 39,452 beneficiarios del Programa de reparaciones en salud, incluyendo a todas las personas que padecen algún problema físico y/o mental producido directamente por o como resultado del proceso de violencia. Ello incluye a heridos y lesionados, personas con discapacidad permanente, y a aquellos que sufrieron tortura, violación sexual (incluyendo a hijos producto de este hecho), secuestro, reclutamiento forzado, así como a los familiares de personas que fallecieron o desaparecieron.

La relación entregada considera a personas vivas. La información entregada incluye código de inscripción en el RUV, nombres y apellidos completos, documento de identidad, afectación y dirección.

Cabe recordar que el carácter permanente de la labor de identificación y acreditación de víctimas permitirá que, hacia el futuro, nuevas personas puedan ser incluidas como beneficiarios en los programas establecidos por la ley.

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