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Las necropsias practicadas a los comuneros piuranos muertos el miércoles por la Policía Nacional comprueban que, al menos en un caso, los agentes les dispararon por la espalda.

Así lo reveló David Velasco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), institución que ha tomado a su cargo la defensa legal de los deudos y heridos en el incidente registrado en el caserío de Cajas Canchaque, en la provincia de Huancabamba.

A través de la CNR, Velasco aseguró que los estudios revelan que a Cástulo Correa Huayama (39) y a Vicente Romero Ramírez (52) les dispararon por la espalda. Incluso, la trayectoria del proyectil va de arriba hacia abajo; es decir, el atacante estaba en ventaja con relación a la víctima.

De igual manera, el letrado rechazó la versión de la policía respecto a que fueron emboscados por los comuneros cuando se disponían a notificar al Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en el campamento minero «Henry´s Hill» de la minera Río Blanco.

Indicó que el único acto de violencia de parte de los ronderos fue el empujón que le propinó Eulalia Romero Ramírez, de 70 años, a uno de los efectivos que estaba arrastrando a uno de sus familiares.

Romero Ramírez se encuentra en el hospital de Piura por heridas con exposición de fractura grave en el peroné, debido a que los agentes le dispararon tres veces. «Se dice que (la anciana) empujó al policía y ellos le dispararon a boca de jarro. Fue una reacción desproporcionada. Un empujón no puede recibir como respuesta un balazo».

En tal sentido, el abogado de FEDEPAZ desmintió categóricamente la versión oficial respecto a la postura supuestamente agresiva de parte de comuneros. «No podemos hablar de enfrentamientos, si tenemos a un contingente de policías armado frente a población civil desarmada», apuntó.

«Lo que se ha suscitado es una represión criminal, indiscriminada, frente a la preocupación de comuneros que veían un gran número de policías (en la zona) para dejar una notificación judicial a personas para que se presenten a declarar ante la Fiscalía».

Refirió que, más allá de la legalidad de la orden de detención, la ejecución de ésta fue absolutamente irregular, pues a nadie se le lleva a declarar salvo que haya mandato de detención.

Finalmente, Velasco criticó la celeridad con que las autoridades investigan el atentado al campamento minero, en contraste con la lentitud para esclarecer las torturas contra ronderos en agosto del 2005.

«Se ha actuado con una rapidez extraordinaria; tenemos los casos de torturas del 2005 que ni siquiera se ha formalizado la investigación preparatoria. Acá, en 15 días ya se culminó con la investigación», puntualizó.

Fuente: CNR

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