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En el caso del “chuponeo y congresistas tránsfugas”,  el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde solicitó el incremento de la pena impuesta el 30 de septiembre pasado, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a Alberto Fujimori por la comisión de los delitos de corrupción, peculado e interceptación telefónica: de 6 a 7 años. Igualmente, pidió que la inhabilitación para ejercer cargo público se incremente de dos años hasta dos años y siete meses.

Ver dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal

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