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El Instituto de Defensa Legal acaba de presentar un Amicus Curiae en el proceso de inconstitucionalidad que viene conociendo el Tribunal Constitucional contra los Decretos Legislativos expedidos por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con USA, que no fueron consultados con los Pueblos Indígenas, y que originaron en parte los sucesos de Bagua que todos conocemos y cuyas muertes todos lamentamos (Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc28012010-194532.pdf).

Los DL que viene siendo cuestionados son el D.L. Nº 1089 (Régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales), D.L. Nº 1079 (Establecen medidas que garanticen el patrimonio de áreas naturales), D.L. Nº 994 (Inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación la frontera agrícola), Ley Nº 29338 (Ley de recursos hídricos) y D. L. 1020 (organización de productores agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario). Todos ellos recaídos en los expedientes Nº 00022-PI/TC, Nº 00023- PI/TC, Nº 00024-PI/TC, Nº 00025-PI/TC, y 00027-PI/TC.

En noviembre pasado se realizó la vista de la causa. Las demandas fueron presentadas por un estudio de abogados contratado por el Gobierno Regional de San Martín, a pedido de las propias comunidades nativas. Es el mismo estudio que logró la sentencia del TC en el caso Cordillera Escalera, en la cual el TC por primera se pronuncia sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas (ver http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.html). Todas las demandas de inconstitucionalidad fueron firmadas por Gonzalo Tunama Tunama, quien a la fecha de presentación de estos procesos, se desempeñaba como Apu de la comunidad nativa Kechwa, del departamento de San Martín. Cada demanda fue firmada por cerca de 9,000 nativos y por pobladores de la región de San Martín, no necesariamente nativos.

¿Por qué estos procesos en el Tribunal Constitucional son importantes? Si tenemos que según el art. VI del TP del Código Procesal Constitucional, “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”, y que según el art. 82 del mismo Código Procesal Constitucional, una sentencia expedida en un proceso de inconstitucionalidad: “vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación”, rápidamente concluiremos que lo que está en juego es el derecho a la consulta, no solo de las comunidades nativas de San Martin, sino de las comunidades nativas de toda la Amazonía y de las comunidades campesinas de todo el país.

El Tribunal Constitucional debe demostrar que el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que señala que “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”, no es una afirmación retórica y vacía.