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Nota de prensa de Aprodeh

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicita el otorgamiento de la comparecencia y las garantías de un debido proceso al Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP), Alberto Pizango, luego de casi un año de exilio y actualmente detenido tras su arribo al país.

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APRODEH, como parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), viene solicitando al gobierno el cese de todo tipo de hostigamiento de carácter judicial contra las organizaciones y los dirigentes de los pueblos indígenas que protagonizaron la última protesta amazónica. En tanto no estén basadas en ningún hecho probatorio serio, las investigaciones judiciales y las órdenes de captura contra dirigentes y/o miembros de organizaciones de los pueblos indígenas deberán ser levantadas.

El dirigente indígena Alberto Pizango tiene mandato de detención por ser el supuesto autor de los delitos de rebelión, sedición, motín, contra la tranquilidad pública y apología en agravio del Estado y el orden constitucional. La acusación se realizó en mayo de 2009, tras haber realizado una conferencia de prensa en donde manifestó su respaldo a la protesta amazónica.

APRODEH sostiene que no existe suficiencia probatoria para acusar a Pizango por estos delitos ya que en el momento que se realizó dicha conferencia, las declaraciones brindadas no tenían la intención de atentar contra el orden constitucional, sino que se ajustaban a su ejercicio del derecho a la  libertad de expresión sobre las demandas indígenas. Por tal motivo, exigimos que el 37 Juzgado Penal resuelva favorablemente la comparecencia solicitada por la defensa al no existir, en el momento, los requisitos de ley para efectuar una detención.

Además, recordamos al gobierno acatar la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, quien en su informe sobre los hechos de Bagua señaló que: “la vía penal no debería ser la vía ordinaria para abordar la conflictividad y protesta social, sino que debería ser el último recurso aplicable (ultima ratio) y debería estar estrictamente limitado al principio de necesidad social imperiosa en una sociedad democrática”.

La comparecencia, que por derecho le corresponde al máximo dirigente indígena, puede constituir una muestra de salida pacífica al conflicto amazónico.

APRODEH y la FIDH reiteran que la promoción del diálogo permitirá abordar las causas del conflicto, las soluciones a los mismos y la búsqueda de una necesaria  reconciliación.