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Tomado de Servindi

Delegados de instituciones indígenas y de derechos humanos de Perú exigieron en el Foro Permanente que el Estado peruano cumpla el derecho a la consulta sin rebajar los estándares establecidos por los instrumentos internacionales.

Oseas Barbarán Sánchez, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (CONAP) y Hernán Coronado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) formalizaron la entrega de sus intervenciones pidiendo que se institucionalice un verdadero diálogo Estado – Pueblos indígenas.

Barbarán señaló que “no hay claridad por parte del Estado peruano para dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se lograron en el Grupo Nacional” en referencia al proceso de diálogo derivado a raíz de los sucedos de Bagua.

“Esta situación nos preocupa de sobremanera pues a la fecha no han podido ser atendidos los compromisos a los que llegamos con los representantes del Estado” precisó Barbarán, del pueblo shipibo.

Por su parte, Hernán Coronado señaló que la “débil institucionalidad en materia de pueblos indígenas genera que muchos de los programas o políticas no recojan las verdaderas aspiraciones de los pueblos indígenas contraponiéndose con la visión de desarrollo con identidad”.

Señaló que un ejemplo es la concesión para la Construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango que afectará de manera directa e inundaría a 10 comunidades nativas del pueblo ashaninka. Esto afectaría “propiedades que se encuentran debidamente reconocidas y tituladas, generando además el desplazamiento de sus territorios ancestrales” afirmó Coronado.

Coronado consideró esencial la aprobación de una ley de consulta que surga del consenso con las organizaciones indígenas nacionales y con respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones sobre losw Derechos de los Pueblos Indígenas.

El representante del CAAAP observó que en  ningún caso se debe “legislar por debajo de estos estándares, como viene aconteciendo en la discusión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República”.

Ambos participantes reiteraron el pedido para que una misión del Foro Permanente realice una visita oficial al Perú y contribuya a “generar espacios que ayuden al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos de pueblos indígenas”.

  • Presentación de CONAP con relación al derecho a la Libre Determinación y el Desarrollo

Distinguidos miembros del Foro Permanente. En representación de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), y en ocasión al nivel de cumplimiento e implementación del derecho al desarrollo y la libre determinación señalados en los artículos 3 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos indígenas, deseamos expresar lo siguiente:

1.- El contexto peruano amazónico se ha caracterizado por una marcada tendencia de promoción de concesiones mineras y de hidrocarburos que han venido afectando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello es que un gran número de conflictos socioambientales se han generado por la superposición de lotes para actividades extractivas sobre territorios comunales indígenas. Esto ocurre porque se pretende imponer un tipo de desarrollo que prioriza la extracción de recursos naturales sobre la defensa de los territorios de nuestros pueblos. Dicha situación se ha dado además sin consultar de manera previa a los pueblos indígenas afectados, ni se considerado el derecho a establecer nuestras prioridades de desarrollo.

2.- El 5 de junio del año 2009 ciudadanos indígenas y policías perdieron la vida en la ciudad de Bagua luego de meses de conflicto. Como consecuencia se conforma el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, espacio de diálogo entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos. Sus fines fueron esclarecer los hechos que desencadenaron este conflicto, así como preparar un Plan Integral de Desarrollo Sostenible para la Amazonía peruana, elaborar y revisar un conjunto de leyes, tales como ley de consulta previa, la ley de aguas y la ley forestal, con una visión indígena que sea considerada dentro de las políticas de desarrollo nacional.

3.- CONAP ha participado en este proceso de diálogo a fin de plantear los ejes prioritarios para el desarrollo de la selva peruana y su población. Así, en armonía con la normatividad nacional e internacional sobre pueblos indígenas, hemos promovido que en este espacio se fortalezca la institucionalidad en materia de pueblos indígenas, el respeto a nuestra diversidad cultural, y a poder decidir nuestras prioridades para el desarrollo. Sin embargo no hay claridad por parte del Estado peruano para dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se lograron en el Grupo Nacional. Esta situación nos preocupa de sobremanera pues a la fecha no han podido ser atendidos los compromisos a los que llegamos con los representantes del Estado.

4.- Luego de siete meses de debate se elaboró una propuesta para una ley de consulta previa que fue consensuada entre representantes estatales y representantes indígenas. Actualmente hay una discusión sobre el tema en el Congreso de la República. En ese sentido, es necesario solicitar al Estado peruano que asegure que dicha propuesta de ley de consulta considere los acuerdos a los que han llegado con las organizaciones indígenas nacionales plasmados en una propuesta de ley. Adicionalmente se debe garantizar que la legislación nacional no este por debajo de los estándares internacionales, como son el Convenio 169 OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Ello permitirá el ejercicio adecuado de los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente los relacionados con sus derechos territoriales y el derecho a la libre determinación.

5.- En este proceso, es vital que el Estado peruano asegure prontamente y con participación de nosotros los pueblos, una verdadera institucionalidad en materia de pueblos indígenas. Asimismo, exhortamos al Estado peruano a que invite a los miembros del Foro Permanente de cuestiones indígenas a realizar una visita oficial a Perú. Finalmente y por intermedio de los distinguidos miembros del Foro invocamos al Estado peruano aseguren la vigencia y promoción de nuestra identidad cultural, territorio y derecho a nuestra libre determinación haciendo seguimiento a los acuerdos del Grupo Nacional y la promulgación de una ley de consulta previa consensuada con los pueblos indígenas.

New York, 20 de abril de 2010

Oseas Barbarán, representante de la CONAP

  • Presentación del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica en relación a los Derechos Humanos

Distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y Relator Especial para el Derecho de los Pueblos Indígenas. En representación del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en ocasión del segmento de derechos humanos, deseamos expresar lo siguiente:

1. La implementación del derecho al desarrollo y la libre determinación de los pueblos indígenas solo será posible cuando se considere un desarrollo con identidad. Ello requiere que se reconozca de manera eficaz la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas que los afecten y así decidir sus prioridades de desarrollo; de igual manera, implementar la consulta previa, libre e informada; lograr el respeto de la identidad cultural, y el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas.

2. Es preocupante que en el Perú el desarrollo es generado en muchos casos de espalda a la amazonía y los pueblos indígenas que habitan en ella. Esta situación vulnera derechos fundamentales de pueblos indígenas, especialmente aquellos relacionados con sus derechos al territorio, la propiedad comunal e identidad. Prueba de ellos es el 75% de la amazonía peruana se encuentra lotizada para actividades de hidrocarburos, actividad, que se superpone a territorios de pueblos indígenas, para lo cual no se ha dado la debida consulta e incluso gozan de los beneficios que reportan tales actividades.

3. Es importante que el Estado peruano tome acciones respecto a la fragilidad en materia de institucionalidad para pueblos indígenas. La débil institucionalidad en materia de pueblos indígena genera que muchas de los programas o políticas no recojan las verdaderas aspiraciones de los pueblos indígenas contraponiéndose con la visión de desarrollo con identidad. Cabe mencionar al respecto que la política energética en el Perú no considera en sus planes de diseño e implementación, instrumentos como el Convenio 169 de la OIT o la propia Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aun cuando en gran parte el desarrollo de esa política energética se da en territorios de pueblos indígenas. Ejemplo de este vacío es la manera cómo se ha establecido la concesión temporal para la Construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango que afectara de manera directa la cual inundaría a 10 comunidades nativas del pueblo ashaninkas, propiedades que se encuentran debidamente reconocidas y tituladas, generando además el desplazamiento de sus territorios ancestrales.

4. En este contexto es trascendental dar seguimiento a las recomendaciones del Relator para el caso peruano. Asimismo cumplir lo señalado por los órganos de control de la OIT, los que solicitan se asegure que los pueblos indígenas deban decidir sus prioridades de desarrollo a partir de sus propias visiones, y considerar -como señala el relator- a los pueblos indígenas como aliados del desarrollo. En este proceso la aprobación de una ley de consulta que surge del consenso de las organizaciones indígenas nacionales busca asegurar como mínimo lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas, y en ningún caso se puede pretender legislar por debajo de estos estándares, como viene aconteciendo en la discusión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

5. Saludamos el rol que ha cumplido la misión permanente de Perú ante Naciones Unidas en el proceso de aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por la manera cómo ésta se ha venido considerando a nivel del Estado peruano. Por ello y en aras de cumplir los compromisos internacionales, deben orientarse los esfuerzos necesarios para que se implemente en el Perú y en cooperación con los pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, asegurando con ello el respeto de la identidad cultural, desarrollo con identidad, derecho a la consulta, respeto de sus derechos territoriales y el ejercicio de su libre determinación. Ello contribuirá en abrir los canales de diálogo basados en el respeto mutuo y la buena fe, asegurando el cumplimiento de los acuerdos como resultado de los procesos de dialogo.

6. Exhortamos al Estado Peruano hacer los esfuerzos necesarios para segurar la presencia de los miembros del foro permanente en el Perú, tal como lo ha hecho en sesiones anteriores Bolivia y Paraguay. Una misión del Foro Permanente contribuirá con generar espacios que ayuden al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos de pueblos indígenas.

Hernan Coronado, representante del CAAAP

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