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PRONUNCIAMIENTO ANTE INACEPTABLES ATAQUES

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su total respaldo al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible -GRUFIDES, institución miembro de nuestra red y de destacada e intachable labor en el norte del país.

Rechazamos la manera tendenciosa en que el Diario Perú21 ha presentado una nota informativa el viernes 18 de junio de 2010, vinculado a GRUFIDES con supuestos actos ilícitos,  por lo que exigimos el derecho de réplica y rectificación.

Debe recordarse además que en este caso, GRUFIDES y sus directivos no son acusados sino AGRAVIADOS en la causa seguida contra Elías Ponce Feijoo y otros (caso BTR) pues se ha demostrado que sus conversaciones telefónicas fueron indebidamente intervenidas.

Pese a este hecho notorio, a partir de información anónima contenida en uno de los USB incautados en el caso, y transcrita en el dictamen del fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal para el Crimen Organizado, Peru21 ha especulado sobre supuestos vínculos entre GRUFIDES y “el ilícito negocio de tráfico ilícito de drogas de la empresa de los Sánchez Paredes, la minera Algamarca (y) terroristas de Sendero Luminoso”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiesta su más rotunda protesta y  respalda las medidas pertinentes que decida iniciar GRUFIDES y nuestra red en conjunto.

Finalmente la CNDDHH también quiere expresar que dará un seguimiento riguroso a las acciones que desde el sistema de justicia se realicen en relación con este caso. El movimiento de derechos humanos promueve y defiende la administración de la justicia, pilar de la Democracia, pero estará pendiente para no permitir ninguna posibilidad de abuso de poder u hostigamiento por esta vía.

Lima, 24 de junio de 2010

GRUFIDES es una institución de referencia en el norte del país. Cumple una destacada labor previniendo y enfrentando los abusos cometidos por empresas mineras, defendiendo el medioambiente y denunciando actos de corrupción que afectan a la  población indígena y campesina. Por su oposición a la irracional explotación minera en Cajamarca, sus directivos fueron víctimas de reglaje y hostilización, debiendo intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de cautelar sus derechos fundamentales.

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