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En atención a los conflictos sociales que acontecen en estos días en el sur del país y considerando las paralizaciones convocadas para el 17 y 18 de junio, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

  1. Recuerda que según la Defensoría del Pueblo de los 255 conflictos registrados hasta el 31 de mayo del año en curso, 132 están relacionados a los socioambientales, y que, son las regiones de Puno y Cusco las que encabezan la lista de estos escenarios conflictivos. En estas regiones las demandas están particularmente centradas en cuestionar la ejecución de proyectos como: Inambari, Majes Siguas II, Salcca Pucara y Gas de Camisea, concesiones indiscriminadas para la exploración y explotación de hidrocarburos y minería; y en la exigencia de que el gas favorezca al sur del Perú.
  2. Anota que la mayoría de estos proyectos se desarrollan en sectores pobres, comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información es escasa, y resulta necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultados previamente, y se les brinde información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generarían la ejecución de estos proyectos, para que en base a ello decidan libremente.
  3. Afirma que el gobierno debe optar ahora por saber escuchar y dialogar con las poblaciones afectadas por los proyectos antes mencionados, evitando hechos lamentables que se puedan generar en el futuro; y, en relación a la explotación de recursos naturales, como el gas de Camisea, debe garantizarse también el beneficio a  las poblaciones del sur del país.
  4. Demanda al gobierno la inmediata promulgación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

Lima, 18 de junio de 2010

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